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Piden frenar implementación de reforma curricular en Mérida

Esperan que la AN comience a trabajar en la ley que regule el subsistema de educación, la cual debió estar lista desde el año 2010.

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Mérida.- Tras casi dos años de haberse realizado la consulta nacional por la calidad educativa que daría paso a un nuevo diseño curricular bajo el cual se regirá el subsistema de educación en el país, el Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cmdnna) del municipio Campo Elías del estado Mérida, interpuso recientemente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud de medida cautelar para que se frene la implementación de la reforma curricular.

Soto recordó que en el año 2014 luego de las denuncias de padres y representantes que recibiera el Cmdnna Campo Elías en contra de la consulta hecha por el Ministerio de Educación por considerarla ideologizante, la misma fue tramitada ante el Tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, el cual lo remitió a la Sala Constitucional del TSJ.

Allí comenzó la faena de quienes no están de acuerdo con la reforma y es precisamente el 3 de octubre del 2014 cuando la Sala Constitucional saca un cartel donde admite la acción de derechos colectivos y difusos y además hace el llamado a los terceros interesados.

El abogado acotó que también fueron notificados de la acción interpuesta por el Cmdnna Campo Elías el Ministerio de Educación, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, por lo que estas tres instituciones conocen de la causa.

En el transcurso de casi dos años y para evitar que haya decaimiento de la acción y se archive el expediente, el Cmdnna Campo Elías diligenció el caso, del cual a la fecha la Sala Constitucional no se ha pronunciado sobre la admisión de terceros interesados, a pesar de que la Fundación Fudenci se hizo parte del expediente.

Violan varias leyes

La falta de pronunciamiento, dijo Ramón Hender Soto, es una muestra de que la Sala Constitucional del TSJ viola la tutela judicial efectivo a los niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, el pasado 20 de septiembre el Cmdnna Campo Elías, en virtud de la información de que la reforma curricular sería aplicada a partir de este año escolar, interpuso ante la Sala Constitucional del TSJ una solicitud de medida cautelar donde se le pide a la sala en que suspenda los efectos de la consulta educativa y por consiguiente suspenda la modificación del currículo, de manera que no haya cambio en el mismo, porque hay una acción contra esa consulta.

Según el representante jurídico del Cmdnna, los padres y representantes se oponen a la consulta porque alegan que en la misma no hubo una amplia participación, lo que para el abogado es una clara violación del articulo 55 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) que establece que debe haber participación de padres y representantes en la educación de sus hijos, “lo que en este caso no dio”, resaltó Soto.

Asimismo dijo que la consulta viola además el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de ser informados oportunamente para participar en el proceso educativo y la integridad personal de ese sector de la población, porque sus padres no son tomados en cuenta, ya que la consulta se hizo hace dos años sólo en las instituciones públicas y no en las privadas, violentando así el artículo 102 de la Constitución Nacional que establece que el Estado debe participar activamente con la sociedad civil, con los padres y representantes en la educación de los hijos.

Silencio cómplice

Pese a las diligencias hechas, a la fecha la Sala Constitucional del TSJ no se ha pronunciado sobre la solicitud hecha por el Cmdnna Campo Elías, por lo que Soto manifestó que lamentablemente si fuera una decisión por algún tema político, ésta Sala se hubiera pronunciado al día siguiente y no tuviera sin respuesta (casi dos años) a quienes ejercieron la acción.

A decir del abogado la reforma curricular busca ideologizar la educación, medida que hace el Estado, según dijo, violando la propia Ley Orgánica de Educación en su artículo 31 que establece que dentro del año siguiente a la publicación de esa ley (año 2009), se debe crear una ley que regule el subsistema de educación básica que da contenido a toda aquella información que va a regular dicho subsistema en todos sus niveles e incluso establecerá mecanismos de coordinación necesaria con la educación universitaria.

A la fecha el Gobierno ha manejado el sector educación a través de resoluciones que terminan siendo ilegales, expresó Ramón Hender Soto, quien además instó a la Asamblea Nacional (AN) a trabajar en la ley que regule el subsistema de educación, con la cual “se le puede colocar freno a las pretensiones del Gobierno de ideologizar la educación, objetivo que ha tratado de conseguir a través de resoluciones como la 058, entre otras”, resaltó el abogado.

Fuente: El Universal

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