Caracas.- El profesor de natación, Richard Antonio Marín Torres, de 50 años de edad, fue condenado a 30 años. Su delito: abusar sexualmente de dos estudiantes, menores de edad, del colegio Emil Friedman.
La decisión estuvo en manos del Tribunal 26° de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal. En el dictamen el juzgado mantuvo la medida de privación de libertad el Internado Judicial Yare III del estado Miranda. Su fecha de salida sería en 2046, sino hay modificaciones en el camino.
Marín Torres daba clases desde hace 22 años en el colegio ubicado en el municipio Baruta de Miranda. El jueves 30 de junio de 2016 él fue detenido dentro de las instalaciones educativas.
Los padres de una de las víctimas acudieron dos días antes de la detención en el Emil Friedman a la policía. Su denuncia activó las alarmas en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Hicieron varias entrevistas al denunciante, al niño víctima y le realizaron exámenes médicos y químicos.
Finalmente el Cicpc pidió a la Fiscalía que solicitara la orden de aprehensión al Tribunal por un presunto caso de abuso sexual en menores de edad.
Del colegio Emil Friedman no sólo se llevaron a Marín Torres. Los policías detuvieron también a Juan José Carrillo Palacios, de 41 años, otro instructor deportivo. Ambos fueron imputados por los fiscales 66° nacional y 107° del AMC, Felipe Hernández y Anabella Carballo.
Sin derechos
Eunice Vargas de Marín, esposa del condenado, denunció el temor que sentía porque su integridad se viera afectada. Pocos días antes, el tribunal ordenó su traslado a un penal, donde los privados de libertad suelen agredir a quienes estén en un proceso judicial por abuso sexual a un menor de edad.
Para ese momento llevaba detenido un año y cuatro meses en una celda del Cicpc, en el edificio del Cauca, en el centro de Caracas.
“Richard nunca cometió el delito del que se le acusa”, dijo su pareja de manera enfática. “Eso lo sabemos nosotros. Pero también lo saben sus abogados. Lo sabe el juez. Lo saben los fiscales y los funcionarios del Cicpc. Y hasta lo sabe el señor Néstor Díaz, padre de la presunta víctima”, agregó.
Vanessa Moreno Losada | Efecto Cocuyo
