Caracas.- La venezolana Berta Gómez se implantó prótesis mamarias PIP en 2008, pero los dolores le alertaron de que algo no iba bien: los médicos vieron que el gel de sus implantes se había extendido hasta sus pulmones. Ahora vive en Francia, lejos de un país donde miles de compatriotas viven el mismo problema.
Más de 400.000 mujeres en todo el mundo se implantaron las prótesis PIP. Pero las consecuencias de esos implantes defectuosos -por los que su creador fue condenado a cárcel en 2013- se sienten especialmente en Venezuela, donde el costo y la accesibilidad a los tratamientos es complejo debido a la crisis que cruza el país.
Se estima que una de cada ocho usuarias (unas 50.000) son venezolanas y las afectadas tienen dificultades para tratar allí sus consecuencias.
Gómez, de 40 años, se implantó las prótesis PIP por razones estéticas y seis años más tarde, comenzó a sufrir diversos problemas de salud, especialmente dolores en los senos.
Entró a quirófano para retirarlos, pero al caer bajo los efectos de la anestesia sus problemas respiratorios -que impidieron realizar la cirugía- alertaron a los médicos de que el gel de sus implantes se había regado por el organismo, llenando así sus pulmones.
Laberintitis, problemas de respiración y piel hipersensible son algunas de las enfermedades que le diagnosticaron a Gómez y que “se pueden tratar pero nunca se curarán”, según le indicaron los especialistas.
La venezolana acudió durante tres años a psiquiatras para “tratar de lidiar con el cambio que le provocaron las consecuencias de las prótesis”, que, por ejemplo, ya no le permitieron usar vestidos, debido a los graves problemas de piel que padece, o conducir, debido a la laberintitis.
A través de las redes sociales, Gómez conoció que en Francia se estaba llevando una demanda contra los fabricantes de las prótesis y decidió enviar su historia a uno de los abogados que llevaba el caso.
“Todas las enfermedades que estamos padeciendo las portadoras son crónicas y estamos sometidas a tratamientos médicos de por vida. Son muy costosos y necesitan un seguimiento regular”, declaró a Efe.
Gómez, que huyó de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida y accesibilidad a sus tratamientos, reside ahora en Francia, donde aprovecha para seguir más de cerca la demanda llevada por la asociación PIPA (Implant World Victims Association).
“Recibí unos 3.000 euros, pero no lo sentí como una recompensa porque ese dinero lo utilicé para los honorarios, los medicamentos y en un perito médico que detalló mi caso. Con ese estudio, el tribunal decidirá el monto que me corresponde como víctima”, explicó.
Actualmente, muchas venezolanas se encuentran en la dificultad de poder costear los gastos de cirugía y tener acceso a los tratamientos, y por eso se ha iniciado una cooperación para que las víctimas puedan exponer su caso a distancia y recibir una indemnización.
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (ANAUCO) representa a miles de venezolanas afectadas por prótesis PIP. El presidente, Roberto Parilli, viajó a París esta semana para formalizar su asociación con PIPA, dirigida por el abogado Olivier Aumaître.
“Mujeres en Venezuela han pasado años con el implante y con la preocupación de que eso esta en su organismo, pero no tienen la posibilidad económica para sustituirlo”, indicó Parilli.
La defensa llevada por la asociación francesa ha permitido a más de 20.000 mujeres en el mundo obtener una compensación provisional de 3.000 euros mientras se debate su caso en los tribunales franceses.
Luego de la decisión del tribunal, Aumaître estima que la recompensa por cada víctima será entre 15.000 y 30.000 euros dependiendo del caso y los daños sufridos en su organismo.
En Venezuela, el asunto de las divisas complica las indemnizaciones debido a los controles de cambio que existen. Parilli destacó que, a través de esta alianza, se buscarán mecanismos para enfrentar el control de cambio para que cada víctima reciba lo que le corresponde.
“La plataforma permitirá que las víctimas venezolanas entren en contacto directo con los abogados, consignar su caso a distancia, sin costear ni un bolívar”, añadió Parilli.
Con información de la EFE
