Adam Hodge, portavoz del representante comercial de la Casa Blanca, aseguró que la administración de Joe Biden solicitó a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que desestime la demanda introducida por el Gobierno venezolano para que el ente se pronuncie acerca de las violaciones al libre comercio en las que ha incurrido Estados Unidos al imponer medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela.
Un agresor al desnudo. A Estados Unidos no le conviene que se haga un tratamiento en la OMC de estas medidas coercitivas unilaterales, sobre todo de los efectos que han tenido, y por eso bloquea esta acción, porque no quiere que se siga desarrollando la agenda de denuncia tan poderosa de los efectos de unas medidas que han demostrado ser violatorias del derecho internacional.
La OMC suspendió una reunión luego de que Estados Unidos rechazara la solicitud de Venezuela de investigar las sanciones de la administración de Donald Trump (2017-2021) contra el país caribeño.
El Gobierno imperial alegó que no permitirá que Nicolás Maduro haga “mal uso” de la OMC para atacar las sanciones, las cuales a su juicio están destinadas a “restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela”.
Efectos negativos. Los efectos negativos de las sanciones han sido reconocidos por instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que significa una derrota para Estados Unidos.
En el Consejo de Derechos Humanos, Venezuela tuvo una victoria muy importante donde rechazó cada una de estas acciones extraterritoriales y eso no le conviene a Estados Unidos.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó con 30 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, una resolución sobre el impacto negativo de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.
En febrero pasado la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, exhortó a Estados Unidos y a la Unión Europea a levantar las sanciones a Venezuela, al asegurar que las medidas han exacerbado las calamidades preexistentes, provocando una crisis económica, humanitaria y de desarrollo con un efecto devastador para toda la población.
Derecho. Venezuela ejerce su derecho al alzar la voz ante organismos internacionales para que conozcan los efectos devastadores que causan las sanciones. En tal sentido, el Gobierno venezolano denunció a Estados Unidos ante la OMC por incumplir las normativas internacionales con la imposición de medidas coercitivas.
Es importante que se escuche la voz de Venezuela en una organización como la OMC, donde confluye todo el comercio internacional, porque hay una campaña contra el país.
Es significativo subrayar que Estados Unidos no cumple con los objetivos de la OMC porque impone trabas al comercio internacional, a la libre venta de bienes y servicios, a la adquisición de insumos, medicinas y alimentos por parte de un Estado, y eso es lo que ha venido procurando con esa doctrina que no solo es aplicable contra Venezuela.
Denuncia. El Gobierno venezolano denunció hace un año en una reunión de los jefes de delegación del Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC, las agresiones de Estados Unidos, luego de que ese país incluyó a la aerolínea estatal Conviasa en la lista de Entidades Especialmente Designadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El ejecutivo consideró como arbitraria e ilegal la medida contra la aerolínea estatal, y dijo que estaba “diseñada para impedir el suministro de combustible, proveer servicios aeroportuarios, la provisión de servicios de mantenimiento, repuestos, hardware, software y seguros para las aeronaves y forzar la suspensión de sus operaciones”.
Venezuela asegura que ha perdido un estimado de 116.000 millones de dólares por las sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, el camino todavía no está cerrado. En un despacho de EFE se precisa que, si transcurrieran dos meses de diálogo bilateral infructuoso, la OMC podría crear un panel que se encargue de gestionar la disputa, a solicitud del país demandante.
Politólogo Alex Vásquez Portilla
