Managua.- La Policía Nacional de Nicaragua informó sobre la detención de otro precandidato opositor a la Presidencia de ese país, siendo el cuarto en una semana. En este último caso, se trata de Juan Sebastián Chamorro García, quien es acusado de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Chamorro, sobrino político de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue detenido en su residencia, al sur de Managua. Al parecer, la vivienda fue allanada por la Policía Nacional, confirmó a Efe el equipo de prensa del político opositor.
El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad estaba citado mañana a una entrevista al Ministerio Público. Eso, en su calidad de representante de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente.
Cabe señalar que, el sobrino de la expresidenta Violeta Barrios dirigió la Funides desde el 2014 hasta el 2019.
De esta forma, Chamorro se convierte en el cuarto aspirante a la Presidencia por la oposición investigado y detenido en los últimos días.
La primera detenida fue Cristiana Chamorro, prima de Juan Sebastián, hija de la exmandataria Barrios de Chamorro y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, y el segundo fue Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.
ACUSADOS DE PEDIR INTERVENCIÓN MILITAR
La Policía Nacional detuvo este mismo miércoles al académico y aspirante Félix Maradiaga.
Tanto Chamorro García como Maradiaga están “siendo investigados por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”, según la declaración de la Policía.
También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”. Además, los acusan de “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”, según el parte policial.
Dichos delitos están contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Una ley aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.
Con información de la EFE
