A la oposición local y extranjera les encanta decir que la Revolución Bolivariana arruinó a Venezuela en 20 años. Olvidan la bonanza, y eximen de responsabilidades sobre la crisis actual a EEUU y se hacen la vista gorda varios años de asfixia y estrangulamiento económico, financiero, comercial y petrolero contra Venezuela.
Las sanciones no son abstractas y mucho menos, poca cosa. Hasta el opositor Luis Vicente León, dijo que nadie está más equivocado que quien crea que las sanciones sólo afectan a funcionarios.
Un decreto de Barack Obama inició la agresión de EEUU contra nuestro pueblo al catalogar a Venezuela como una “Amenaza inusual y extraordinaria”. Obama obtuvo poderes excepcionales que le permitían imponer sanciones o congelar bienes venezolanos, y el locato Donald Trump sería el ejecutor de las medidas coercitiva y el bloqueo económico, comercial, financiero y petrolero.
2017 fue un año fatal en cuanto a sanciones se trata. El 31 de julio -un día después de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente- Trump sancionó al presidente Nicolás Maduro como “castigo” por no suspender una convocatoria masiva al cese de la violencia de las guarimbas. Ese año, el banco suizo UBS bloqueó el pago de recursos destinados a comprar vacunas, retrasando al menos cuatro meses los programas de vacunación en Venezuela. Otros actores de la banca internacional bloquearon el pago de ocho millones de euros destinados a adquirir insumos para diálisis, lo que afectó el tratamiento 15.000 pacientes.
En noviembre de 2017, fueron bloqueadas 23 operaciones financieras de Venezuela situadas en 39 millones de dólares y que estaban destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos. En diciembre, rebotaron otros 29,7 millones de dólares de pagos hacia diferentes proveedores, para pagar alimentos destinados a los CLAP.
También bloquearon pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, generando escasez en varios estados, y 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero fueron cerradas. Inició 2018 y 11 bonos de deuda venezolana y de Pdvsa -por un valor de 1.241 millones de dólares- no pudieron ser cancelados a sus acreedores. El Departamento del Tesoro de EEUU amplió sanciones financieras contra empresas venezolanas y Trump impuso seis medidas coercitivas contra la criptomoneda Petro.
Para mayo de 2018, EEUU bloqueó el pago de nueve millones de dólares destinados a la urgente adquisición de insumos para diálisis. Se prohibió la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas estatales. A la par, el gobierno colombiano bloqueó el envío a Venezuela de 400.000 kilos de alimentos para el programa CLAP. Si esto no es crimen de lesa humanidad, ¿cómo se le puede llamar?
En 2019, Trump congeló 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial de Pdvsa, Citgo, cuyas tres refinerías en territorio estadounidense son capaces de procesar cerca de 800.000 barriles de petróleo diarios. En paralelo, el Banco de Inglaterra confiscó ilegalmente 1.359 millones de dólares en oro venezolano depositados en sus arcas.
El 23 de enero se autoproclamó el diputado Juan Guaidog como monigote interino y tres días después EEUU embargó a Citgo y le entregó ilegalmente a Guaidog el poder sobre la filial. El robo de fondos se sitúa en 800 millones de dólares. Para abril de 2019, el Departamento del Tesoro bloqueó las operaciones en dólares del Banco Central de Venezuela (BCV), y evitó que vía BCV, el Estado venezolano destine fondos para comprar medicinas y alimentos necesarios para la población.
Desde aquel decreto del Nobel de la Paz, Barack Obama, EEUU ha impuesto contra Venezuela más de 150 medidas coercitivas unilaterales y el contador sigue sumando, por ello el gobierno venezolano procede a demandar a los EEUU ante la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) en la Haya.
Politólogo Alex Vásquez Portilla
