Caracas.- Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, afirmó que enviará un informe a la Corte Penal Internacional (CPI), tal y como este tribunal ha solicitado.
En dicho documento el funcionario espera demostrar que “la Justicia venezolana hace su trabajo” en los casos de violaciones de los derechos humanos.
“Vamos a tramitar la debida respuesta y vamos a demostrar que, en Venezuela, las violaciones a derechos humanos tienen imputaciones, acusaciones, condenas (y) sentencias firmes. Es decir, que el derecho interno, la Justicia venezolana hace su trabajo”, dijo Saab en una entrevista en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La CPI extendió esta semana por tres meses, hasta el 16 de abril, el plazo para que las autoridades de Venezuela presenten su informe. En el cual deben brindar detalles sobre las investigaciones puestas en marcha por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
“En espíritu de cooperación, diálogo y equidad, el fiscal (de la CPI) acordó conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022, para informar a la corte sobre su investigación en base al artículo 18(2)”, dado que este plazo expiró el 16 de enero, indicó la CPI en un documento publicado en su página web.
Asimismo, aseguró que esta extensión del plazo es “adecuada y justificada”, dado que el Estado venezolano solicitó información adicional sobre los hechos que son objeto de la investigación el 3 de enero y la respuesta les fue remitida el pasado 13 de enero.
La corte señaló que la prórroga también está justificada para dar tiempo suficiente para que el fiscal de la CPI, Karim Khan, viaje a Venezuela.
En contexto
Khan anunció el pasado 3 de noviembre que la CPI abriría formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Aunque, aclaró que, por ahora, “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
Con información de la EFE
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