Caracas.- La tragedia de este sábado en el club social Los Cotorros, ubicado en la urbanización capitalina de El Paraíso, donde al menos 19 personas perdieron la vida, ocho de ellos menores de edad, durante una fiesta de graduación, no ha arrojado una prueba concluyente debido a que se encuentra en plena investigación por parte de la policía científica y del Ministerio Público.
Sin embargo, la manera en la que ocurrió el móvil, donde una bomba lacrimógena accionada en un baño generó una estampida de personas, ha sido parte del análisis de los especialistas.
Para el criminólogo Luis Izquiel existen al menos tres hipótesis con respecto a lo que ocurrió en la tragedia de El Paraíso:
Bombas lacrimógenas en civiles
El primer planteamiento que presenta el criminólogo es el de la preocupación de cómo civiles están manejando artefactos de uso exclusivo de las autoridades venezolanos.
“Puede ser que estén vendiendo esas armas en el mercado negro, aunque aún no existe una evidencia clara de que esté pasando. El problema es que no es la primera vez que civiles manejen bombas lacrimógenas. Recuerden los casos de cómo se dispersaban los foros o concentraciones en la Universidad Central de Venezuela. Eran civiles lo que portaban ese tipo de artefactos”, dijo Izquiel en una entrevista a El Estímulo.
De acuerdo a las declaraciones del también criminólogo Luis Mármol García, transmitida por el Circuito Éxitos, sólo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional y Estadales son los únicos organismos del estado que pueden manejar artefactos para controlar disturbios.
Negligencia de las autoridades
A pesar de que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, confirmó este sábado la detención de ocho personas vinculadas a la detonación de una bomba lacrimógena en “Los Cotorros”, aún se maneja la hipótesis de la participación de los funcionarios de seguridad del estado en el lugar.
“Si la GNB participó existen tres elementos jurídicos a analizar. Ellos son homicidio culposo (negligencia), dolo eventual (culpa que puede llegar al extremo de intencionalidad) y homicidio intencional”, dijo Izquiel.
También argumentó que, en caso de que entre los detenidos civiles haya una familiar o allegado militar que facilitó el acceso al artefacto, lo que puede existir es una “sanción administrativa” al funcionario.
Responsabilidad del Estado y los organizadores
El criminólogo plantea que el Estado tiene parte de responsabilidad en este tipo de actos debido que son las autoridades competentes en prevenir que estas tragedias ocurran.
“Si los bomberos se encargaran de emitir alertas que existen condiciones precarias para albergar esta clase de eventos públicos en esos lugares, deberían prohibirlos. También con las alcaldías locales, se deben supervisar estos sitios ante unas condiciones de seguridad, que casi parecen inexistentes”, argumentó.
Por su parte, Izquiel también señaló a los organizadores de la fiesta por ser los responsables de albergar eventos en lugares que no tienen las condiciones necesarias. “No hubo controles de portes de armas, en este caso una lacrimógena; la ‘sobreentrada’, que hubiera menores de edad en un lugar donde había consumo de licores y que la seguridad privada es nula”, destacó.
El criminólogo argumentó que espera que este tipo de tragedias generan consciencia por parte de las autoridades. “Esperemos que exista la conciencia como ocurrió en Argentina cuando la ocurrió la ‘tragedia de Cromañón”, concluyó.
