La ONG Amnistía Internacional publicó este lunes un informe sobre la falta de protección que provee el gobierno de Curazao a los venezolanos que llegan a la isla tras huir de la crisis en su país, y exhortó a las autoridades a protegerlos y poner fin a los abusos en su contra.
El informe, titulado “Detenidos y deportados: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao“, ofrece pruebas convincentes de que desde julio de 2017, las personas extranjeras no pueden pedir protección internacional en Curazao y detalla varias presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra personas procedentes de Venezuela, que corren el riesgo de ser detenidas y devueltas en infracción del derecho internacional.
“Es una vergüenza que el gobierno de Curazao no haya establecido un procedimiento efectivo para solicitar asilo. En lugar de volver la espalda a quienes huyen de la grave crisis de Venezuela, las autoridades de Curazao deben garantizar los derechos de todas las personas solicitantes de asilo y refugiadas que necesitan protección internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo a AI, en lugar de proteger a quienes llegan desde Venezuela, el gobierno de Curazao ha elaborado una “estrategia de expulsión activa” con el fin de deportar a las personas en situación migratoria irregular. En 2017, las autoridades de Curazao expulsaron a 1.203 personas venezolanas de la isla, mientras que en los primeros cuatro meses de 2018 deportaron a otras 386.
Amnistía Internacional ha visto que las autoridades recluyen a quienes van a ser deportados en centros de detención y calabozos policiales. El informe expone también un caso en el que las autoridades pusieron a unas personas menores de edad al cuidado de un hogar de niños estatal mientras su madre estaba detenida.
La organización de derechos humanos reportó haber observado condiciones injustificables en los centros de detención, como hacinamiento, falta de intimidad, higiene deficiente en las zonas de ducha y aseo, y falta de ropa de cama adecuada. Varias personas dijeron a la organización que habían sufrido malos tratos en el momento de la detención o bajo custodia, incluida la proposición de hacer favores sexuales a cambio de compresas y jabón.
“Algunos guardias nos tratan como a animales”, dijo a Amnistía Internacional un hombre recluido en los calabozos policiales de Río Canario.
“Estamos consternados ante las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos que se cometen durante las detenciones o bajo custodia. Las autoridades de Curazao deben poner fin de inmediato a estas prácticas y abrir investigaciones sin demora, imparciales, independientes y efectivas sobre cualquier denuncia de violaciones de derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.
Venezuela está en estado de emergencia desde enero de 2016, y las personas disidentes son sometidas a redadas, acoso e intimidación. Las graves crisis alimentaria y de sanidad siguen empeorando, y afectan sobre todo a niños y niñas, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. La ONU calcula que 2,3 millones de personas venezolanas han huido de esta crisis sin precedentes en su país, de las que entre 5.000 y 15.000 están actualmente en Curazao en situación migratoria irregular.
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