Caracas.- Con un quórum de 91 de diputados, los parlamentarios de mayoría opositora en la Asamblea Nacional aprobaron en primera discusión la Ley de Amnistía.
Para lograr esto tuvieron que “sacrificar” la discusión del estatuto para la transición mediante la modificación del orden del día. Aunque el diputado Juan Miguel Matheus aseguró que existe el consenso “necesario” se deben “ultimar detalles”.
La intención es crear un marco normativo para poder aplicar el artículo 233 de la Constitución. Algo que tiene reticencia en algunos parlamentarios como José Antonio España, quien forma parte de la comisión que trabaja este tema.
Mientras este punto queda en el banquillo, la Asamblea Nacional “reta” al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la Amnistía, la cual fue vetada este lunes y en 2016.
Delsa Solórzano presentó el proyecto de la Ley de Amnistía para su primera discusión con carácter de “urgencia parlamentaria”. Dicha propuesta ya ha presentado críticas por parte de la organización no gubernamental Foro y del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
Con respecto a esas posturas, Solórzano informó que ya se reunió con ellos y dejó claro que el proyecto contempla “expresamente” el artículo 29 de la constitución.
Sin embargo, continúan las interrogantes de Foro Penal, ya que señalan que hay 117 personas que ya se encuentran excarceladas y 281 continúan presas. Desde la Asamblea, se habla de 402 presos por razones políticas.
La diputada sostiene que se “amnistían hechos no personas” y defiende el hecho de que “la Asamblea ha hecho un trabajo serio sobre quién es preso político. Hay excarcelados que no están en libertad y merecen ser amnistiados”.
Según Solórzano, el proyecto de la Ley de Amnistía tiene dos artículos importantes: el que expresa que se amnistían hechos que ya ocurrieron y las garantías que se ofrecen cuando ocurran hechos en los que funcionarios, civiles y militares, contribuyan al “restablecimiento del orden constitucional”.
Estos dos artículos que destaca la parlamentaria, a su vez, son la división en dos, de este instrumento jurídico: Una amnistía para “poder sacar de la cárcel” a los presos políticos y unas garantías que extinga las responsabilidades de funcionarios que den la espalda a Nicolás Maduro mediante los artículos 333 y 350 constitucionales.
Para el diputado Ángel Medina se trata de “vencer y romper el miedo” en un momento inédito. Recuerda además que la transición en otros países ha sido posible gracias a este tipo de instrumentos, haciendo referencia a los casos de Argentina y Chile.
En cuanto a la justicia transicional, otro aspecto cuestionado por Foro Penal para quienes este es un instrumento distinto, Solórzano solo indicó, “los invito, con todo respeto, a que se lean la ley”.
Explicó que el parlamento busca “generar y prometer garantías para los que no están presos y ayuden a retornar a la democracia. Las garantías son ese sentido”, descartando así que sean beneficiados aquellos acusados de violar loa derechos humanos.
Con respecto al proyecto que se presentó en 2016 y la que fue expuesta este martes, era que la primera era una ley para la reconciliación. Solórzano recalcó: “Aunque siempre hemos buscado esa reconciliación, en este momento hay objetivos distintos. En aquel momento era liberar a los presos políticos. Ahora, a eso se le suman estas garantías”.
Además, destacó que las competencias de la Asamblea son distintas, según ella en 2016, “Nicolás Maduro no era un usurpador” y agregó que “la Constitución está hecha para las democracias no para las dictaduras. La realidad es que nuestra Constitución tiene una válvula de escape, el 333 que está concatenado con el 238 y que nos permite a la Asamblea ejecutar determinados actos para recobrar la democracia”.
La diputada, ante un supuesto negado de que altos funcionarios se pronuncien en contra de Maduro, insiste en que cualquier funcionario, sobre el hecho de contribuir al restablecimiento de la democracia, “obtendrá garantías constitucionales, las cuales son muchas”.
También aclaró que no se trata de una ley de perdón, aunque “probablemente tenga que venir, hoy no está planteado”. Esta ley fue remitida a la Comisión de Justicia y Paz para trabajarla de cara a la segunda discusión.
La parlamentaria también aspira el apoyo internacional, “que se reconozca esta Ley en tanto tenga que ver con estos hechos”.
Fuente
El Estímulo
