Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves un informe actualizado sobre la situación de Venezuela. Específicamente, en el contexto que compete a su oficina, los derechos humanos.
La expresidenta chilena destacó que las violaciones a la libertad de expresión, la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela.
Aunque, la representante de la ONU, en cuestiones de DDHH, también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.
Bachelet denunció ante el Consejo de Derechos Humanos, los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.
Además, señaló que “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”.
La Alta Comisionada lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada “que resuelva la profunda crisis política”.
Al respecto subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
Entre esas decisiones, tomadas por el TSJ, está el nombramiento de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas.
“Venezuela padece violaciones a
sus derechos económicos y sociales”
Por otro lado, Bachelet subrayó que el trabajo de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado. Eso desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019.
El acuerdo se materializó en recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.
En ese sentido, subrayó “la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario”. Aunque, según refirió, “persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”.
También destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las «sanciones sectoriales» y por la pandemia del covid-19.
La población venezolana “sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos”, añadió.
Con información de la EFE
