Caracas.- Informalidad. Esa es la palabra clave para entender el fondo de la regularización masiva de migrantes venezolanos en Colombia anunciada por el presidente, Iván Duque.
De los casi dos millones de venezolanos que hay en el país, el 90% vive de la economía informal, según cifras oficiales. Además, 56% no cuenta con un estatus migratorio regular.
Eso impide que, entre otras cosas, puedan recibir servicios sociales y económicos del Estado, que tengan un empleo formal, que arrienden un inmueble, que abran una cuenta de banco, que accedan al sistema de salud público o que, cuando se dé la oportunidad, sean vacunados en contra el covid-19.
“Quienes están en nuestro país en condición de irregulares tendrán una hoja de ruta a esa regularización”, dijo Duque.
Esa ruta “implica un registro claro y certero de sus nombres, edades, apellidos, los lugares de residencia y sus condiciones socioeconómicas” explicó el mandatario. “Por supuesto, también estarán en un registro biométrico”, agregó.
Duque indicó también que, “(La regularización) también nos da a nosotros la certeza (de) que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y por supuesto, sujeto a deportación”.
Según el plan del gobierno, los migrantes venezolanos que entren al esquema transitorio tendrán 10 años para normalizar su estatus.
La idea es que todos los migrantes hagan parte del sistema de registro nacional. Y, en consecuencia, tengan, al menos en teoría, una relación con el Estado transparente y sujeta a algunos derechos.
Ambiente de escepticismo en algunos
El anuncio de Duque fue recibido por algunos colombianos con escepticismo. Principalmente, porque asumieron que la regularización incluía nacionalización o, lo que es más políticamente sensible, el derecho al voto, y Colombia celebra elecciones en 2022.
Sin embargo, las autoridades han sido claras en que el Estatus de Protección Temporal no da ciudadanía colombiana.
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Con información de la BBC