Cronología de los hechos: La confrontación política entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa en El Salvador se ha acentuado desde que el Presidente de la República, desde su cuenta de Twitter, el 1 de febrero de 2020, escribe:
“ARENA y FMLN no son basura, son peor que eso. Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos.”
Unos meses antes, a finales de 2019, el Gobierno presentó una solicitud de préstamo a la Asamblea Legislativa por 109 millones de dólares, para el financiamiento de la 3ª fase del Plan de Control Territorial, sobre el cual algunos diputados han planteado algunas preguntas y requerido explicaciones, de modo que no se ha logrado el consenso de la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
Ante la falta de acuerdo político, el Consejo de Ministros, el pasado 6 de febrero, emitió un Acuerdo Ejecutivo, invocando el art. 167, ord. 7° de la Constitución (Cn.), convocando extraordinariamente a la Asamblea Legislativa para reunirse y discutir la autorización del referido préstamo.
La Asamblea Legislativa el 7 de febrero, determinó que la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional y que está facultada, de acuerdo con la Constitución, para ejercer control en las finanzas públicas, y que la convocatoria es improcedente por transgredir la independencia de los Órganos de Estado.
Posteriormente, el Presidente de la República continuó presionado a través de mensajes en redes sociales, y reiterando que los diputados están convocados y que están obligados a asistir, y que si no lo hacen, existiría “ruptura del orden constitucional”, y que “el pueblo tendrá la facultad de aplicar el art. 87 de la Constitución”, el cual se refiere al derecho a la insurrección.
El 8 de febrero, personal militar se ubicó en los alrededores de la Asamblea Legislativa y restringió el acceso a los medios de comunicación.
Además, los policías que brindan protección a los diputados les fueron retirados, y también se ordenó suspender los permisos y licencias al personal policial para “reforzar el Plan de Prevención Territorial”.
- Legitimidad jurídica
La convocatoria realizada por el Consejo de Ministros es jurídicamente improcedente por no existir la situación extraordinaria que la Constitución exige para dicha convocatoria.
Dicha disposición se plasmó para responder a situaciones en que la Asamblea Legislativa entrará en períodos de vacaciones, y en casos de calamidad general y catástrofe.
Ninguno de los dos supuestos se cumplen y, por ello, la convocatoria es inconstitucional, ya que, por una parte, la Asamblea está en funciones y no en vacaciones o receso, sino deliberando sobre el asunto, como es propio y natural en los parlamentos; y por otra parte, tampoco han sucedido los acontecimientos de calamidad general. Esta posición fue reafirmada de manera espontánea por más de una decena de organizaciones de la sociedad civil.
III. Consecuencias y precedentes jurídicos
Las implicaciones jurídicas, políticas y económicas que esta situación de crisis institucional en la que el país se encuentra inmerso, pueden ser devastadoras para el sistema democrático y el Estado constitucional de derecho.
Esto se debe a que se estaría generando un precedente negativo de ruptura al orden constitucional por parte del Órgano Ejecutivo, así como una vulneración del sistema de división de poderes.
La Fiscalía General de la República debe estar vigilante para evitar cualquier delito contra el sistema constitucional, como por ejemplo, el de sedición, que podría darse si cualquier persona de forma tumultuaria y con violencia quisiera alterar el normal funcionamiento del Estado.
La crisis institucional también tendría como consecuencia crear un clima de inestabilidad política que afectaría el clima de inversión, lo cual también repercutiría en las calificaciones de riesgo del país, minando las oportunidades de empleo que tanto necesita El Salvador.
- Posición de FUSADES
No existen condiciones extraordinarias de acuerdo con la Constitución para que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea Legislativa, dado que esta se encuentra sesionando normalmente, y es completamente permitido por la Constitución que haya casos en que no se le aprueben los préstamos que solicita.
Se espera que finalmente prevalezca la sensatez y la cordura, y que se imponga el respeto a la institucionalidad democrática, que es el sistema en el que mejor se respeta la dignidad de todas las personas.
Antiguo Cuscatlán, 9 de febrero de 2020
