El pasado jueves la ONG “Una Ventana a la Libertad” (UVL), presentó el informe Anual 2018 en el cual se desnuda la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, es decir los calabozos en donde son recluidos para esperar ser juzgados.
El dato más crudo de este informe relata que “para el momento del trabajo de campo se contabilizaron en los centros monitoreados 16.719 personas detenidas con una capacidad instalada para unas 5332 personas, lo cual indica una tasa de hacinamiento promedio de 314%”.
Estos centros funcionan en comando de policías municipales y estatales, Delegaciones y subdelegaciones del Cicpc, GNB, Sebin, entre otros.
El informe describe “la precaria infraestructura que hoy está sirviendo de asiento a los 174 CDP monitoreados durante el año 2018, que albergan un 92% de hombres y un 8% de mujeres”.
“49% no cuenta con servicio de agua potable; el 33% no cuenta con servicio de recolección de basura; 100% no cuenta con área y servicio médico; 98% no cuenta con comedor; 33% no cuenta con baños, duchas, iluminación; 100% no cuenta con servicio de lavandería; 95% no cuenta con áreas recreativas/deportivas; 77% no cuenta con áreas de visita; 73% no cuenta con áreas para mujeres detenidas; 99% no cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ; 100% carece de consideraciones en caso de alguna discapacidad; el 99% no cuenta con áreas especiales para adolescentes”,indicanlos datos presentados por UVL.
El equipo de investigación de logró detectar a 425 personas detenidas de nacionalidad extranjera. Sobre el estatus legal de todos los detenidos, el estudio indica que es complejo obtener la data pues las autoridades se manejan con mucha reserva al respecto.
Los investigadores pudieron conocer 1132 casos de personas ya sentenciadas, 7% del total de detenidos para el momento del trabajo de campo, que no habían sido trasladas a centros penitenciarios y unos 7730 procesados (46%). Del resto no fue posible confirmar información.
No ha habido inversiones ni ejecución de una política pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos calabozos, ni a crear centros para procesados judiciales. De hecho, podemos señalar que ocurrieron 70 fugas durante este año, de las cuales se evadieron 470 detenidos, posteriormente, pudieron ser recapturados 105 evadidos, es decir, apenas el 22%.
Con información de Una Ventana a la Libertad
