Caracas.- Un juez federal de los Estados Unidos (EEUU), autorizó este jueves la incautación de la compañía ubicada en suelo norteamericano, Citgo Petroleum Corporation, propiedad de Petroleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), para cumplir con pagos pendientes del Gobierno nacional a la empresa canadiense, Cristallex International Corporation, por derechos mineros perdidos en territorio venezolano.
La orden de embargo que recaería sobre las acciones de la compañía matriz Citgo residenciada en Houston, Texas; fue emitida por el juez Leonard P. Stark, del tribunal de distrito Wilmington en Delaware, sin embargo aún se desconoce la amplitud de la medida pues la sentencia fue sellada y se espera que esté a disposición del público en unos días.
La información que fue publicada por el Wall Street Journal (WSJ), indica que ni los abogados de Pdvsa, ni representantes de Citgo quisieron hacer comentarios a los medios de comunicación, sobre la mencionada sentencia, que podría ser apelada ante una instancia superior.
Esta decisión pone en alerta a los demás acreedores de Pdvsa y del gobierno venezolano, residenciados en EEUU, y viene agravar aún más la precaria situación que vive el país en el área económica, ya que podría perder su activo más grande en territorio norteamericano y una de las pocas empresas que generan ganancias en divisas para Venezuela.
Se estima que el Estado y sus diversas empresas tienen en circulación 62 mil millones de dólares en bonos no garantizados, de los cuales adeuda aproximadamente 5 mil millones en capital e intereses impagos, según lo reseñado por el WSJ.
Actualmente las sanciones impuestas por los EEUU que recaen sobre el Gobierno venezolano, impide que los acreedores realicen ningún tipo de reestructuración o compra de una nueva deuda.
Este año el único pago realizado por el Estado, fueron $107 millones en intereses correspondiente a los bonos de Pdvsa que vencen en 2020, y Citgo fue puesta como garantía de la estatal petrolera para los acreedores que invirtieron en dichos papeles, lo cual según analistas especializados se hizo con la intención de proteger este importante activo.
Los inversores de estos bonos, que incluye 43 compañías que tienen querellas contra el Gobierno nacional, corren el riesgo de perder tal vez el único activo obvio que posee Venezuela, en territorio estadounidense, que se puede decomisar para reembolso, por lo que temen que la decisión del juez Stark, de mantenerse, pueda incidir en la decisión de Pdvsa de no seguir pagando sus deudas.
Sin embargo, para que Cristallex pueda vender las acciones decomisadas, requiere la aprobación del Departamento del Tesoro de los EEUU, antes de eliminar algunos otros impedimentos legales.
Fuente
Valentín Romero Martínez
