Tocan cambios en la Ley del Cine, más concretamente en la orden de bases para la concesión de puntos para optar a ayudas, no en la dotación presupuestaria de esta Ley que se mantiene en exiguos 30 millones. A cada proyecto se le concede hasta un máximo de 1.400.000 euros.
Recordemos: hasta 2016, las películas recibían ayudas públicas según su rendimiento en taquilla. Hubo retraso en los pagos, fraude y temor al prorrateo (es decir, a que se repartiera entre todos lo poco que había). Durante un par de años convivieron dos modelos: ese sistema, a posteriori, y el de ayudas a priori por puntos (una serie de criterios objetivos para optar a la subvención: un mínimo de 50 puntos para conseguir la ayuda, de un máximo de 100 puntos). La cantidad a repartir: 30 millones de euros. O sea, una miseria si tenemos en cuenta que el presupuesto medio de una película es de entre 2,8 y 3 millones de euros.
Se pagaron todos los proyectos de 2015 que faltaban por pagar y, según fuentes del ICAA, “los datos demuestran que el modelo es bueno” y “el sector está contento”. No poco decir de un gremio -los productores- tantos años a la gresca (ente ellos y con Cultura).
Para 2018, el fondo será el mismo: 30 millones. El compromiso: amortizar 63 millones, un 50 por ciento en el año en curso (las productoras que estrenaron su filme entre enero y septiembre de 2016) y otro en 2019 (las del último trimestre). En 2019 no convivirán los dos modelos.
Un dato llamativo: solo 7 de las 27 películas ayudadas el año pasado son producciones de Antena 3 y Telecinco. Lo que para el ICAA acaba con la leyenda de que la ayuda pública solo beneficia a las películas procedentes de televisiones privadas.
Y una tardía reparación: propiciar que haya más mujeres en puestos clave. En números: 3 puntos por mujer directora; 2 puntos por el resto de autoras; 1 punto por productora ejecutiva. Limosna (6 puntos máximo, cuando se necesitan 50) para tiempos de paridad.
Con los nuevos cambios en los puntos se intentará fomentar la animación (de 1 a 3 puntos); la coproducción con Iberoamérica bajando el porcentaje de inversión española; limitar la actividad de una misma productora; que no se presenten los mismos proyectos de una convocatoria a otra; rebajar las exigencias de exhibición a las películas en lenguas cooficiales; aumentó en un 20por ciento de las ayudas selectiva (petición expresa de AMA y PROA).
En términos generales, endurecimiento del control para obtener puntos, dada la picaresca detectada, y adecuación entre el proyecto financiero y el proyecto artístico.
Del dicho al hecho, lo veremos en marzo. Es la fecha en que se prevé la publicación de la orden tras las negociaciones con la industria cinematográfica española.
