***En los cuatro meses de 2020, las cifras de personas desaparecidas en Venezuela se han disparado de forma inexplicable ¿Gente que se va sin decir adiós o policías fuera de control?***
El 18 de marzo, el escolta John Jairo Gasparini salió a hacer unas compras en el Farmatodo ubicado en la entrada de la urbanización La Lagunita. No regresó a su casa.
Los familiares de este hombre, de 42 años de edad, acudieron a la policía municipal, a la judicial y a otros organismos en la búsqueda de información que contribuyera a determinar su paradero. Solo supieron que lo vieron salir del referido local comercial en una motocicleta negra, que tampoco fue encontrada.
Luego dedujeron que la ausencia de Gasparini guardaba alguna relación con el posterior intento de allanamiento a un apartamento de las residencias Pacarima, en Los Naranjos, cuya ocupante pertenece a su círculo familiar.
Pero pasaban los días, y nadie precisaba dónde se encontraba Gasparini.
El 20 de marzo, los familiares del guardaespaldas acudieron a la policía judicial, para formalizar la denuncia sobre lo que parecía ser una desaparición.
El caso de este hombre forma parte de una creciente lista de personas a las que les perdieron el rastro, que está siendo procesada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Solo en los primeros cuatro meses de 2020, las distintas oficinas de este organismo han recibido 124 denuncias sobre la desaparición de personas. Lo que más llama la atención es que la curva ha ido en ascenso con el pasar de los meses. En enero fueron recibidas 16 denuncias; 28 en febrero; 39 en marzo y 41 en abril. Entre el primero y el cuarto mes, las cifras reflejan un incremento de 156%
Todo esto, además, en un contexto en el que se supone que la gente no debería desaparecer, pues la mayoría debe permanecer en sus casas como consecuencia del decreto de alarma nacional, dictado el 13 de marzo.
Según el comisario Sergio González, ex jefe de la división Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, los cuerpos de seguridad pueden recibir y procesar denuncias sobre desapariciones luego de 72 horas contadas a partir del momento en que la víctima fue vista por última vez.
El funcionario (actual director de la policía de El Hatillo), explicó que cuando la persona no aparece luego de un tiempo prudencial, y no existe evidencia de que pueda haber sido secuestrada, la lógica policial indica que pudiera estar muerta o que pudo haber sido víctima de una privación ilegítima de libertad.
Los familiares del escolta Gasparini pudieron determinar su paradero dos semanas después, cuando les confirmaron que estaba en custodia de Contrainteligencia Militar. Sin embargo, para el momento de la redacción de esta nota todavía se preguntan con qué expediente lo están vinculando.
González se mostró sorprendido ante el crecimiento de las cifras de desapariciones, e indicó que la mayor probabilidad apunta hacia el accionar de la fuerza pública.
“La norma indica que no se puede retener a una persona por más de doce horas sin dar parte al Ministerio Público. Pero hemos visto casos de personas de las que no se sabe nada hace más de un mes, y luego se supo que estaban en poder de algún organismo”, indicó.
Sin rastro en pandemia
El problema de las desapariciones, y en especial las del tipo forzado, fue advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en los dos informes sobre Venezuela presentados durante 2019.
Según Marino Alvarado (Provea) las desapariciones de personas se hicieron más frecuentes a partir de las operaciones de Liberación del Pueblo. Recordó el caso de la masacre en el sector El Café de Barlovento, en octubre de 2016, que comenzó con el traslado de 15 personas a un lugar desconocido en el curso de una razzia por efectivos del Ejército. Los cadáveres fueron hallados un mes después.
“En el caso de la operación Gedeón, hay familias que todavía no saben el paradero de las personas que supuestamente están detenidas”, afirmó.
Según las estadísticas conocidas extraoficialmente, el 49% de las desapariciones ha ocurrido a partir del 13 de marzo, cuando Nicolás Maduro emitió el decreto de alarma nacional. Algo que luce paradójico, pues en este lapso se ha puesto énfasis en que las personas permanezcan en sus casas.
Por otra parte, el 35% de las desapariciones correspondientes al lapso enero-abril han sido denunciadas en Distrito Capital y Miranda. El segundo estado con mayor cantidad es Bolívar, con 14; Monagas y Falcón tienen nueve casos cada uno, y en Zulia han iniciado ocho averiguaciones. Como aspecto curioso, en Táchira solo han consignado una denuncia.
En el actual contexto nacional, con una cifra de secuestros que está en baja con respecto a otros años, la mayoría de las desapariciones obedece a cuestiones políticas o son consecuencia del ocultamiento de las víctimas de homicidios.
De allí que, según González, en Caracas las denuncias sobre desapariciones son procesadas por la división contra Homicidios. No obstante, si se produce un contacto entre secuestradores y sus familiares, intervienen los agentes especializados en secuestros.
“Sin embargo, no podemos hablar de homicidio hasta que no aparece el cadáver de la víctima. Mientras tanto, la persona quedará en calidad de desaparecida”, indicó.
Javier Mayorca / @javiermayorca
