***Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui, denunció que los uniformados de los cuerpos de seguridad del país continúan aplicando la pena de muerte de facto***
Anzoátegui.- De acuerdo a las cifras manejadas por el Observatorio de Presuntas Ejecuciones Extrajudiciales y Detenciones Arbitrarias de la Fundación de los Derechos Humanos Anzoátegui (FDDHHANZ), en el primer trimestre del año 2019 se registraron 98 casos de supuestas muertes sumarias en la entidad.
La información fue ofrecida por el director institucional de la Organización No Gubernamental (ONG), el abogado Alcides Magallanes, quien aseguró que en la mayoría de los casos están involucrados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 34, Polianzoátegui 26, Policía del Municipio Simón Rodríguez con 6, Polianaco 4 y Polisotillo con 4 y el resto se produjeron por parte de otras instituciones locales del estado.
“Nuestra ONG seguirá investigando y denunciando estos hechos, que a todas luces indican que en Venezuela es casi imposible hacer justicia cuando se trata de funcionarios policiales involucrados en hechos punibles”, destacó.
Magallanes detalló que los municipios con mayor presencia de violación al derecho a la vida en los primeros tres meses del año son los siguientes: Simón Bolívar (27), Simón Rodríguez (15), Anaco (12) y Sotillo (9).
“El observatorio en 2018 contabilizó 184 casos en 10 meses y a penas de enero a marzo de 2019 se han producido más de la mitad de esa cantidad, lo cual indica que estamos ante una situación donde las policías en el estado en su supuesta lucha para garantizar la seguridad ciudadana actúan a su libre entender y saber. En apariencia están aplicando de facto la pena de muerte”, explicó.
Por otra parte, cuestionó la labor de las organizaciones gubernamentales encargadas de proteger los derechos humanos, entre ellas la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía del Ministerio Público, pues a su juicio los cuerpos policiales continúan actuando al margen de la ley violando el Estado de derecho, ya que el trabajo de estas instituciones es casi inexistente.
“Cada vez que un mal funcionario policial viola el derecho a la vida de una persona, independiente de su conducta, abona el terreno que contribuye a la imagen que tiene nuestro país relacionada a la violación de los derechos humanos”, sentenció.
En investigación
También destacó que en los actuales momentos investigan hechos irregularidades en la población Capiricual de la parroquia de Naricual, del municipio Simón Bolívar. Sostuvo que son recurrentes las denuncias formuladas por familiares de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, donde presuntamente la mayor actuación es de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
(Prensa FDHHANZ)
