A propósito de los hechos sucedidos en la ciudad de Ibarra (provincia de Imbabura, Ecuador), en el marco de un feminicidio que tomó tintes xenofóbicos, el pasado 19 de enero de 2019, conversamos con Ligia Bolívar, experta en Derechos Humanos y responsable de la línea de trabajo en temas de migración y refugio del Centro de DDHH de la Universidad Católica de Venezuela con quien, además, tuvimos la oportunidad de dialogar sobre otros temas referentes a la población venezolana en situación de movilidad.
¿Cuál es su valoración desde lo migratorio y desde los Derechos Humanos sobre lo ocurrido en la ciudad de Ibarra?
Inmediatamente que supimos los hechos, emitimos un pequeño pronunciamiento a través de nuestra cuenta de Twitter donde expresamos nuestra preocupación, alarma y rechazo al problema de feminicidio ocurrido; pero también alertábamos sobre lo inconveniente y peligroso de que el presidente de la República (Lenín Moreno) hubiese utilizado la nacionalidad del agresor como un elemento a resaltar en esta situación.
Hay que recordar que el año pasado hubo cerca de 80 feminicidios en Ecuador y lo normal fue que el Estado se preocupó de todas estas mujeres que fallecieron, sin pretender tapar una fobia con otra, es decir, tapar la misoginia con la xenofobia.
Penosamente, las consecuencias que vimos fueron muy alarmantes y entiendo que están latentes. Lamentablemente, el presidente del Ecuador, no ha levantado nuevamente su voz para corregir esto.
¿Cuál es su opinión sobre el anuncio del gobierno ecuatoriano de crear estas “brigadas de control migratorio”?
Pues fue una situación de alarma la que se generó. Se anunció una política aún no puesta en práctica y, simultáneamente, se hace un señalamiento a estas personas, generando la idea de persecución.
¿Cómo centro de DDHH, han tenido conocimiento de alguna agresión o acto violento contra ciudadanos venezolanos en Ecuador?
No, pues en estos momentos no estamos trabajando con población migrante ni solicitante de refugio en terceros países; trabajamos en coordinación con las organizaciones que hacen este trabajo en Ecuador.
¿Podría darnos sus consideraciones sobre la medida tomada por el gobierno ecuatoriano de solicitar pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos?
Cualquier Estado tiene el derecho de defender sus fronteras y preservarlas contra cualquier persona indeseable; pero lo que preocupa es el carácter discriminatorio de la medida, pues la única nacionalidad a la que se le pide este requisito, en este momento, es a los venezolanos y es en respuesta a la situación ocurrida en Ibarra. Esto podría entender como un uso de persecución contra el pueblo venezolano.
¿Cómo se encuentra el flujo migratorio venezolano en estos momentos y qué se espera para los próximos meses?
Pues, disminuyó un poco entre los días 22 y 23 de enero de 2019, en función de la expectativa de la toma de juramento y posesión del presidente de la Asamblea como presidente provisional; sin embargo, en los últimos días, el tema ya retomó su cauce. Vimos imágenes en la frontera con Colombia donde ya se registra un repunte de la migración.
Esto sucede, según las implicados, porque no ven un cambio en la situación del país. Incluso, si hubiese un cambio de Gobierno, no hay garantía de que van a cesar las carencias de las personas en materia de salud, alimentación, etc.
Lo que se espera es que el flujo se mantenga y se agudice, como lo proyectaron a fines del año pasado algunas entidades internacionales.
¿Podemos hablar de una crisis humanitaria de la población venezolana en situación de movilidad?
Creo que eso ya existe. El hecho de que las agencias internacionales de trabajo humanitario hayan ya colocado a Venezuela en la agenda y en la lista de los países a los que se les va a brindar atención prioritaria en los próximos meses, evidencia de que estamos en esa crisis.
¿Cómo deberían actuar los países que viven más de cerca la situación humanitaria venezolana?
Una de las críticas que hemos hecho desde el Centro de DDHH de la Universidad Católica, tiene que ver con las Declaraciones “Quito 1” y “Quito 2”, en las que se trata a los venezolanos como migrantes cuando no lo son, es personas sujetas de protección internacional.
Cuando aquí no se hace mención al Derecho Internacional Humanitario o a una situación de protección, y se tratan los demás sin un enfoque de derechos solicitándole, incluso, al Estado venezolano que agilite la emisión de documentos, se atenta contra estas personas; pue estamos frente a un Estado fallido, que no sólo no otorga documentos de viaje, sino que ya no otorga documentos de identidad, partidas de nacimiento, ni nada. Esa es la realidad de Venezuela.
La gran crítica, más bien, gran llamado que tenemos es para que los Estados asuman de una vez que esto no es un problema migratorio sino un tema de carácter humanitario y que, por tanto, los venezolanos deben ser tratados acorde a lo que establece el derecho internacional para los refugiados como sujetos de protección.
¿Cuál es la diferencia entre un migrante y una persona en situación de protección?
Los migrantes salen por voluntad propia mientras que las personas en situación de protección abandonan su país por una situación de riesgo que amenaza su vida, su integridad física y/o su seguridad personal, es decir, no pueden escoger cuando huyen de su país.
Por ejemplo, en el caso venezolano, hablamos de un pueblo muy apegado a su tierra, que no tiene una tradición de migración; el venezolano creía que su país era “el mejor del mundo” y ahora tiene que armar maletas. Esa es una evidencia de que su salida es forzosa.
¿Cómo centro de DDHH, cuál es su consideración sobre la diáspora venezolana en Ecuador?
En el caso de Ecuador, a diferencia de Perú y Colombia, constituye una situación reciente. No había tocado su punto más álgido, pero este año que acabó ha aumentado, lo que genera problemas pues ni Ecuador, ni país alguno está preparado para este nivel de flujo de personas en situación de movilidad.
Por ello es tan importante reconocer que se trata de un tema humanitario y no de migrantes.
No se puede aspirar a tener cooperación internacional por un tema de migrantes, pues la cooperación se da para atender situaciones humanitarias. Entonces hay que reconocer que esto es lo que sucede, para poder conseguir apoyo para tratar este tema.
¿Cuál es el tratamiento que deben tener las personas en situación de protección por parte de los estados?
Es una situación compleja con varias aristas. Por ejemplo, primero, hay que trabajar el tema de la regularización de los documentos, del estatus migratorio de las personas que llegan, pues con eso, se puede disminuir el nivel de vulnerabilidad de esas personas, se tiene mejor control en materia de seguridad y se está en capacidad de brindar apoyo en función de necesidades identificadas. Lo más importante, es la regularización del estatus migratorio de las personas que están llegando.
En segundo lugar, hay que asumirlos como personas sujetas de protección, como lo recomendó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de Refugiados (ACNUR) cuando habló de los estándares mínimos a tener en cuenta por los países: aplicar el principio de no devolución, el otorgamiento de documentos reconocidos por todas las autoridades del país, el acceso a derechos en igualdad de condiciones, y el acceso a recursos administrativos para regularizar su situación.
Tercero, es un tema a largo plazo, se trata de la integración de estas personas a la sociedad a través de programas de empleo, educación e incorporación progresiva a las dinámicas sociales del país.
Costa Rica, por ejemplo, es un país con una hermosa experiencia: cuenta con un programa de estímulos a la empresa local para la contratación de solicitantes de refugio y refugiados que, anualmente, reconoce a las empresas que hayan tenido una labor destacada en este tema.
Misión Scalabriniana
