El dialogo es un privilegio particular de la especie humana, dejar de conversar sobre los asuntos que incumben al interés propio, es un error, más cuando el motivo de las conversaciones se asienten en los intereses de un país.
A ese respecto, el dialogo representa la única opción valida y plausible para construir un acuerdo que apuntale la superación de la crisis económica y estructural que vivimos en Venezuela, desde hacen seis años.
Ahora, el dialogo para ser franco y sincero sobre las realidades que subsumen al país en la precariedad de la pobreza y la miseria en sus diversas formas y manifestaciones, no debe suscitarse sobre los particulares que afecten el confort de los políticos, ni de sus ambiciones o sus desacertadas traducción de la situación país, sino, en función de las realidades interpretadas y comprendidas en las que subsiste el pueblo.
No pueden ser los insepulcros deseos de las facciones políticas que anhelan su particular prosperidad los intereses sobre los que tenga lugar el dialogo o la suspensión de las conversaciones, sino la situación diaria en la que cada niño, niña, adolescente, joven, adulto, anciano, mujer, hombre, madre y padre viven en la Patria de mayor riqueza probada del plante tierra, rogando a Dios a cada amanecer, el alimento para ese nuevo día.
El dialogo requiere adicionar a lo antes señalado de interlocutores revestidos de legitimidad, requiere participación activa de todos los sectores del país, en el entendido que los efectos de sus resultados impactan la vida y las actividades de todos los habitantes de la república, pues, si bien es cierto que nuestros males los ha generado la gestión política desacertada, no es menos cierto que la agudeza de la situación actual y el fracaso reiterado de intentos de diálogos entre políticos, exige, ya no de acuerdos entre facciones políticas, sino de un único acuerdo que sea la expresión irreductible de la voluntad general del pueblo, todo ello, en virtud que los actores políticos visibles de ambos extremos, la consecución de sus errores los ha deslegitimado para interparlamentar por los venezolanos, y es allí, donde la participación política del pueblo asume el rol protagonico para darnos definitivamente el nuevo paradigma de país que merecemos transitar, enrumbados dijera Chávez, por un camino diferente.
Es la economía nacional el primer tema a discutir sobre los que deben concitarse acuerdos que permitan con prontitud la reactivación del aparato productivo venezolano, establecer garantías claras para las inversiones seguras; fijar tasas de cambios que propendan a la recuperación transaccional de la moneda nuestra; fijar y honrar los subsidios oportunos en las actividades primarias y manufactureras de interés nacional; establecer el financiamiento obligatorio y flexible de los créditos a través del sistema bancario del país; concentrar la función fiscalizadora de las inversiones para evitar la fuga de riqueza; desarrollar un plan conjunto de inversión en el sector privado sin que ello signifique la apropiación por parte del Estado de los medios de producción; establecer las políticas de recuperación progresiva del valor trabajo y del salario como riqueza nacional, social y familiar, y la recuperación de todos los servicios públicos esenciales para la prosperidad nacional.
El segundo aspecto que interesa al país, en orden de importancia es la convivencia nacional, que implica la coexistencia autónoma de los organismos que integran la función publica, ejerciendo decorosamente las funciones que le son atribuibles sin la injerencia de otro poder; así como, el ejercicio sano, digno y honrado de la política como oficio o profesión.
La seguridad ciudadana y la seguridad soberana son asuntos de este tema. Entender que los males han sido generados, paridos y agudizados por nuestras propias acciones, que no son el resultado de planes externos, sino de la mala administración interna que ha dado como consecuencias acciones extranjeras en perjuicio de nuestra organicidad. Reconocer tal situación sería un paso firme para resolver la crisis.
El tercer aspecto de importancia, versa sobre la transformación institucional del país, la entidad orgánica hoy desmoralizada por tantos vicios enquistados en la regencia de las mismas.
Cada una de las ramas del poder público en todos sus niveles, inclusive las del poder popular, son la metástasis de la corrupción, la inmoralidad funcionarial, el pago de facturas, el robo descarado de los presupuestos, la malversación de las partidas, la indolencia generalizada sobre la cosa pública, el enriquecimiento abrupto de clanes, el soborno, el hurto descarado, el robo en sus múltiples formas, en fin, una institucionalidad que perdió todo rasgo de moralidad pública y unos funcionarios carentes de todo signo de ética.
Un estamento político institucional, donde las peticiones de los administrados tienen respuesta si pagan o contribuyen con el funcionario para que en cumplimiento de sus labores actué sobre lo peticionado; es lo que a bien he denominado, el derecho como mercancía, cuya exigencia debe ser comprada por el usuario y no ejercido por el titular como razón de ser de su propio fin. Hay que refundar al Estado y blindarlo de nuevos cánones de ética y moral pública para que sus actos se hagan dignos de la dignidad humana venezolana.
En cuarto y último lugar, a los venezolanos nos importa por ser un derecho humano, las relaciones respetuosas con el resto de los países del mundo, esas relaciones deben recuperarse para que se nos garantice el respeto como personas en cualquier país del plante tierra. No somos culpables de las desbandas conductas gubernamentales o políticas que han atentados contra la dignidad de los ciudadanos venezolanos, y el mismo respeto que dispensamos a todo extranjero en nuestra patria, esperamos recibirlo en cualquier país del mundo, no es de importancia para los conciudadanos nuestros el modo político, ideológico o económico de las demás naciones, importa lo que suceda en nuestro País, pues, cada nación se da su propia forma de gobernanza y en ello nuestros políticos deben aprender a respetar la voluntad de cada pueblo. La soberanías es un principio propio de cada nación.
Cualquier discusión distinta a los puntos antes enumerados, es necedad, es vanidad como dice la palabra de Dios y es por ello, que el dialogo debe darse entre los actores legítimos de la realidad país, no entre voceros de los bandos políticos, ello infectaría de vicios el posible resultado, más la participación del pueblo pondría el acento en el lugar correcto de la prosodia política.
Nuestro sistema constitucional prevé los medios y mecanismos para involucrar a la población toda en la concertación de políticas y decisiones que establezcan la resolución de conflictos nacionales, y el CNE, conjuntamente con la participación de todos los poderes públicos debería elaborar la lista de los aspectos antes descritos y someterlas al REFERENDO CONSULTIVO con una cláusula penal de respeto y sometimiento a los resultados, en el entendido que los mismos serían la expresión propia del pueblo en ejercicio de su soberanía, aprobando la solución de sus problemas y delimitando la ejecución de las políticas que apunten a su resolución.
No hace falta árbitros, ni diálogos externos, si viéramos y utilizamos nuestros más excelsos mecanismos que implique la participación de todo el país y no de quienes se creen interpretes o voceros de nuestras propias angustias, deseos y voluntad.
Junior Parada
