Caracas.- Este jueves, la alta comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sostuvo, al menos, 11 reuniones con diversos sectores de la sociedad civil y algunos representantes de la oposición y del alto gobierno.
Los observadores que siguen de cerca la visita de Bachelet indicaron que 50 horas, tiempo estipulado de su permanencia en el país, es muy poco para atender tantas demandas y reclamos de los venezolanos afectados por la violación de sus derechos.
Desde este miércoles, la alta funcionaria de la ONU imprimió celeridad a la agenda y solo tres horas después de haber arribado al país (6:18 pm), se reunió con el canciller, Jorge Arreaza, en la Casa Amarilla. Al final del encuentro Arreaza indicó que examinó con Bachelet los “desafíos” que tiene Venezuela en materia de derechos humanos y denunció que las sanciones económicas de EEUU dificultan el avance del modelo de protección social.
Asimismo, el canciller dijo que espera que la oficina de la Alta Comisionada “de manera constructiva sugiera, recomiende y oriente los mecanismos para mejorar, garantizar y preservar los derechos humanos”.
Bachelet asistió a otra reunión con el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y con el fiscal general, Tarek William Saab. Este último destacó que entre agosto de 2017 y mayo de 2019 el Ministerio Público ha presentado 6.709 actos conclusivos por violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Libertad para 687 presos
Bajo la consigna “Libertad”, familiares de los 687 procesados militares, estudiantes, dirigentes sociales y políticos, detenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro, exigieron este jueves a la alta comisionada que haga respetar con firmeza los derechos humanos en el país.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, destacó que la exigencia que le está haciendo a Bachelet es que sea parte de la solución y no del problema, que representa la encarcelación de quienes se oponen al gobierno de Maduro.
“Le pedimos a Bachelet que no sólo constate lo que ocurre con los presos políticos, militares, dirigentes sociales, estudiantes, que se encuentran tras las rejas por estar en desacuerdo con las políticas gubernamentales. También exigimos el cese de la persecución y del efecto puerta giratoria que significa encarcelar y excarcelar a los dirigentes políticos”, expresó Romero.
En horas de la mañana de este jueves, decenas de familiares de los presos políticos se apostaron frente al edificio donde funciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a la altura de Parque Cristal, en el este de Caracas. Allí solicitaron a la alta comisionada ayuda para liberar a los 687 detenidos, que permanecen “prácticamente secuestrados” en los distintos penales del país, dijo a la prensa Mónica Santa María, hermana de uno de los detenidos. Que “oiga más allá de lo que está planificado por los medios oficiales, oiga realmente el sentir del pueblo”, solicitó.
Por su parte Lisbeth Añez, administradora de 52 años, quien estuvo detenida cuatro meses en el Sebin de Caracas acusada de traición a la patria y rebelión, fue otra de las manifestantes frente al PNUD, para denunciar los casos de los presos políticos. “Espero que Bachelet se reivindique con nosotros”, firmó Añez, confiada en lo expresado por alta comisionada al llegar al país.
Agregó que su visita a Venezuela es “para escuchar todas las voces, para trabajar con todos los actores y para promover y proteger los derechos humanos”.
Voceros del Frente Institucional Militar (FIM) también se sumaron a las peticiones de libertad de sus compañeros de armas detenidos en las distintas guarniciones castrenses. Simultáneamente extrabajadores petroleros reclamaron en el centro de Caracas que Bachelet intermedie para que el gobierno cancele deuda laboral.
Ezequiel Querales | El Universal
