A riesgo de parecer cansón y repetitivo, hay que oponerse con toda el alma a la destrucción del cinturón norte del estado Bolívar. No por haber escrito varias veces sobre el tema, vamos a olvidarlo. Ahora que se cumplen dos años del infame decreto que abrió la posibilidad de explotar áreas bajo régimen de administración especial (Abrae); es decir zonas protectoras, reservas forestales, parques nacionales, santuarios, etc., nos encontramos con un panorama desolador, documentado por periodistas nacionales y extranjeros que han hecho trabajos de investigación y tomado fotografías de parajes devastados y enormemente contaminados por el mercurio.
De esta hecatombe han sido víctimas parcialmente, por ahora, el parque nacional Canaima, el parque nacional Caura y la reserva forestal de Imataca. Es inconcebible en el mundo actual que el propio gobierno de un país sea quien degrade y arrase una zona boscosa de increíble biodiversidad, cuando según la constitución y las leyes, está obligado a preservarla. Esta avaricia depredadora no puede más que explicarse sino por el ansia inescrupulosa de dinero de una camarilla de fariseos que se han enquistado en el poder y manejan el país a su antojo.
Aunque el gobierno fracasó en sus aspiraciones de lograr la participación de 150 empresas de renombre internacional (a pesar de la alharaca formada cuando lanzó el Arco Minero, cosa que el Petro nos hizo recordar), no debemos alegrarnos por ello, por cuanto a pesar de que no hubo mayor interés de las compañías reconocidas, el llamamiento si tuvo la desgracia de incrementar la minería ilegal.
Además el propio gobierno flexibilizó los controles para regular la extracción efectuada por la minería informal, disminuyó la vigilancia y relajó el precario control ambiental que existía. Tampoco exige la obligación de reparar zonas que están siendo deforestadas. Por otra parte, ninguna explotación cuenta con estudios de impacto ambiental, lo cual viola las leyes. Así, en tanto que en América Latina ha bajado la tasa de pérdida de bosques, en Venezuela ha aumentado.
Aunque lo fundamental es la explotación del oro, la ambición gubernamental por obtener réditos fiscales ha ampliado los permisos para extraer coltán, diamantes, bauxita, cobre, dolomita, hierro, caolín y tierras raras (yacimientos de tantalio y niobio). Esta apertura del abanico ha estimulado a los mineros ilegales a trasladarse a la región y a depredar la naturaleza bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional que reclama y obtiene su tajada.
La explotación minera, incluso realizada por empresas reconocidas, causa severos daños al ambiente; por ello, y porque se pone en riesgo la biodiversidad del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, lo que tendría el efecto de atentar contra la cuenca del Caroní, la mayor fuente de hidroelectricidad del país, es que hay que decirle NO al arco minero.
Pero también en esta hora histórica de cambios profundos en la visión del país, habría que decirle también que NO a un conjunto de instituciones que si bien cumplieron su cometido en el pasado, en el presente ya no funcionan. Entre otras tenemos: el bolívar como signo monetario; el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; la Guardia Nacional; la propia Pdvsa por la enorme carga burocrática que lleva sobre sus espaldas (150.000 trabajadores) y por sus ineficiencias y corrupción; el INTI; la Cantv; etc. No hablemos de la salida de Mercosur, la eliminación de las milicias, las comunas, etc., etc. Venezuela debe arrancar una nueva gobernabilidad deslastrada de un peso muerto que impediría el ascenso al desarrollo.
