El pasado mes se produjo la arbitraria decisión de liquidar la Alcaldía Metropolitana, y aquí el chavismo-madurismo utilizó a la fraudulenta e ilegítima asamblea constituyente para que de un plumazo decretara su desaparición, desconociendo de esa manera la voluntad popular y violentando principios constitucionales. El régimen apeló a este nuevo atropello cuando se convenció de que no la volverían a ganar, y procedió entonces cobardemente a cerrarla.
En las elecciones municipales del 2008 y 2013, Antonio derrotó por amplia ventaja a los candidatos del gobierno, Aristóbulo Istúriz y Ernesto Villegas, respectivamente, y no era difícil deducir que su eliminación definitiva se estaba gestando, al no llevarse a cabo el proceso comicial del 10 de diciembre en la Alcaldía Metropolitana y la del municipio del Alto Apure, que también tuvo el mismo destino.
En todo caso, es bueno aclarar que la supresión de la alcaldía ya se había iniciado a los pocos días de la reelección de Antonio, cuando el gobierno le propinó una estocada –para utilizar términos taurinos– al eliminarle las funciones y recursos financieros en más de 95% de su presupuesto original, suerte de golpe de Estado, lo que mermó casi por completo su capacidad de actuación, y ahora la remata clavándole la “puntilla” para completar la faena, o pase de factura por las derrotas infringidas.
Queda de esta manera el pueblo burlado y defraudado, y la decisión deja a sus 6.000 trabajadores en la calle, con lo cual se les presenta un destino incierto. Por la asfixia económica que se le aplicó, todavía los trabajadores del ente no han cobrado sus salarios de diciembre ni sus aguinaldos. La población en general se ha mostrado solidaria con los trabajadores al rechazar enérgicamente este cierre. También fueron brutalmente atropellados por la policía y la Guardia Nacional cuando protestaron ante la sede de la Vicepresidencia de la República exigiendo sus derechos con el pago de sus reivindicaciones laborales.
Antonio, en su condición de legítimo alcalde metropolitano, dirigió una comunicación al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en Ginebra, el pasado 27 de diciembre, en la cual pone de manifiesto que la medida está impregnada de arbitrariedad y viola la carta magna, poniendo en riesgo y en estado de incertidumbre a sus trabajadores. Igualmente, solicita la intervención de este organismo ante tal situación.
Allí relata que la Alcaldía Metropolitana ha sido víctima de una seguidilla de atropellos que se dieron desde el mismo instante en que se sabía que había triunfado su opción por primera vez en noviembre de 2008, y que fue tan perversa la arbitrariedad que mientras se anunciaba su victoria, simultáneamente se desataba una ola de invasiones y expropiaciones de inmuebles adjudicados al patrimonio de la alcaldía, incluido el despacho oficial de su titular.
En el ámbito estrictamente laboral, la liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure supone una abierta infracción de las obligaciones a cargo de los empleadores, establecidas en el Convenio 158 y la Recomendación 166, ambos textos aprobados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo.
La sustitución de un ente del Estado por otro ente, también del Estado, no tiene que suponer la cesantía de los trabajadores. Por el contrario, razones de estabilidad laboral y de experiencia en el desempeño de tales funciones, más bien, aconsejan que los trabajadores del ente objeto de liquidación sean absorbidos por el ente que lo reemplace.
