Caracas.- El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que en el marco de la cruzada anticorrupción que lleva a cabo el Ministerio Público (MP), se ha detectado el uso de una oficina satélite donde se adjudicaron irregularmente contratos de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa), causando un desfalco “mil millonario”, en contra del patrimonio nacional.
Dicha oficina, que tenía estipulada una duración de tres meses pero que funcionó desde el 2009 hasta el 2012, favorecía a algunas empresas que causaron daños patrimoniales de un mil 162 millones 24 mil 453 dólares, “producto de sobreprecio, compra de productos no adecuados, dañados y no entregados”, anunció Saab.
Agregó que durante esos cuatro años de funcionamiento, según las investigaciones adelantadas del MP, hubo cientos de desviaciones en los procesos de compra que se realizaron, y se favoreció a diversas organizaciones bajo el esquema de adjudicaciones directas. Denunció, además, que las compras internacionales que se realizaban desde esta instancia eran desde Venezuela, “simulando que se realizaban desde Holanda”.
“Estamos hablando de 32 empresas que participaron de este esquema de compras viciadas, de las cuales destacan cuatro pertenecientes a los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, procesados en EEUU por más de mil millones en sobornos para obtener contratos en Pdvsa”, señaló el titular del Ministerio Público.
Debido a esto, el fiscal indicó que se han iniciado todas las formalidades respectivas para que estos ciudadanos estén a la orden de la justicia venezolana, “tal y como corresponde”.
A su vez, señaló Saab que se han solicitado las debidas órdenes de aprehensión, pero no solo hacia Rincón y Shiera, pues “estamos hablando de decenas de ciudadanos a quienes les hemos librado estas órdenes de aprehensión”.
Entre los indicios de sobreprecio que las investigaciones arrojaron, se destaca la compra de leche en polvo para Pdval, significando un pago de 21 millones 488 mil 466 dólares, así como de plantas eléctricas (de las cuales se solicitaron siete), con un pago de 580 millones de dólares, además de compra de vehículos, “de los cuales muchos no fueron entregados”.
Según el fiscal, estas acciones no tienen que ver con un sesgo político o por la ideología de las personas implicadas. “Esto tiene que ver con el saneamiento y el orden que Venezuela necesita”, afirmó.
“Cada vez que el MP da un paso en contra de estas mafias, está dando señales claras de que no habrá impunidad contra nadie en función de los daños patrimoniales que se le han causado a la nación venezolana”, finalizó Saab.
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