Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado de los Estados Unidos, divulgó las condiciones que demanda Washington para levantar las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto paulatinamente sobre Venezuela desde hace más de un lustro, con el pretexto de la defensa de la libertad y la democracia en el país.
Según Chung, si el gobierno del presidente Nicolás Maduro está “realmente interesado” en que “se levanten las sanciones”, Estados Unidos le “sugiere” que debe “celebrar elecciones libres y justas”, “respetar los derechos humanos y la libertad de prensa”, “liberar a TODOS los 323 presos políticos”, “dejar de perseguir a la oposición” y “dejar de acosar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)”.
Las “sugerencias” de Washington, además de ser una clara intromisión en los asuntos internos de otro país, se corresponden exactamente con la agenda que sus agentes locales, encabezados por el exdiputado Juan Guaidog, pretenden aplicar a cualquier costo, aunque ello entrañe la violación de lo establecido en la Constitución y las leyes venezolanas.
De otra parte, aunque la diplomática estadounidense presente las exigencias de la administración Biden como que, si estuvieran plenamente soportadas por hechos fehacientes e incontestables, sus alegatos son cuando menos discutibles y la mayor parte de las veces se basan en datos deliberadamente falsos o manipulados.
El caso, por ejemplo, de las presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
Sobre lo primero, Venezuela consignó un informe ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el que se detallan las acciones del Estado en la materia y se desmonta completamente un texto tendencioso presentado por un grupo de países aliados de la Casa Blanca en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ello con el fin de promover el veto del país y justificar una intervención extranjera bajo el amparo de la doctrina conocida como Responsabilidad de Proteger (R2P).
En el segundo, documentos oficiales de Estados Unidos y el Reino Unido han demostrado que la llamada “prensa libre”, cuyo ejercicio estaría comprometido y socavado en Venezuela, han recibido financiamiento para “debilitar” al gobierno de Maduro, sin que ello se haya traducido en su imposibilidad para seguir operando en el país.
Otro tanto puede decirse de los denominados “prisioneros políticos”, de la supuesta “persecución de la oposición” y del “acoso” al que estarían siendo sometidas las ONG.
Los organismos de administración de justicia han abierto procesos administrativos y judiciales a políticos de la oposición por la presunta comisión de delitos e inclusive, muchos de quienes participaron abiertamente en crímenes gravísimos como la sedición o el terrorismo, fueron indultados.
Lo mismo ocurre si se analizan los procesos en contra de directivos de algunas ONG, imputados por su presunta participación en actos de corrupción. El caso de Roberto Patiño, dirigente de Primero Justicia y coordinador de Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, organizaciones que usó para malversar dineros con el pretexto de llevar alimentos a los más desposeídos, es un ejemplo del denunciado “acoso” del que echa mano Chung.
En contraste, los efectos de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas progresivamente por Estados Unidos desde 2015 con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro, sí han sido documentados y reconocidos, más allá de cualquier duda razonable y no solamente por las autoridades de Venezuela o figuras que podrían considerarse afines a estas.
Alena Douhan, relatora especial de la ONU visitó el país en febrero. En su informe preliminar dejó constancia de los efectos devastadores de esta política inhumana sobre la población e instó a Washington a abandonarla de inmediato, sin que se requiriera para ello la sujeción de Caracas a ninguna demanda del gobierno estadounidense, como hoy pretende hacerse.
Politólogo Alex Vásquez Portilla
