Elliott Abrams, el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, reveló el plan poschavista, que el maligno, sanguinario y salvaje imperio gringo y la oposición desnacionalizada venezolana,intentaran ejecutar, si pueden, en Venezuela luego de aplastar al pueblo y destronar al presidente Nicolás Maduro.
Abrams reveló que “más de 14 agencias federales” elaboraron una “periodización” para lo que consideran son los meses posteriores al hipotético fin del Gobierno de Nicolás Maduro.
Traen entre manos lo siguiente que perjudicaría notablemente los intereses de Venezuela: revertir la Ley de Hidrocarburos aprobada durante el Gobierno de Hugo Chávez, privatizar bajo la administración de Estados Unidos el sector energético, levantar las sanciones económicas y financieras y crear “líneas de crédito internacionales” a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todo esto prevén aplicarlo durante el primer y segundo mes, luego del Golpe.
Para el tercer y doceavo mes, la Casa Blanca plantea intervenir el Banco Central de Venezuela, dando así continuidad a la neoliberalización del país que fue impedida por Hugo Chávez y se convocaría a “elecciones libres” y supuestamente democráticas sin candidatos del chavismo.
A largo plazo, la oposición malandra venezolana y el infernal y malévolo imperio gringo meterían sus manos en el saqueo absoluto de todas las riquezas minerales y energéticas de Venezuela, bajo una supuesta “ampliación del ancho de banda y capacidad de los puertos y puentes”. ¿Qué tal?
Sin duda, el plan del malévolo y malintencionado imperio gringo y sus sirvientes de la malandra oposición supuestamente criolla no solo contempla apropiarse de toda la inmensa riqueza del país, sino por, sobre todo, borrar el chavismo del panorama político y social venezolano.
Segundaparte. Las sanciones.
Las sanciones por parte del brutal imperio de Estados Unidos a países que se manifiestan contrarios a sus políticas integran una larga lista que crece y crece. ¿El argumento? proteger los derechos humanos y luchar contra el terrorismo y el comunismo. En Latinoamérica, los casos de Cuba y Venezuela son ejemplos emblemáticos de su gusto por castigar.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial (1945), el país norteamericano ha utilizado su poderío económico y militar para sancionar a las naciones que no se alinean a sus intereses.
Cuba, la historia de un largo bloqueo
La más extensa de dichas sanciones ha sido el embargo económico a Cuba, una medida unilateral que comenzó en los años 60 por iniciativa del entonces presidente de EEUU, Dwight Eisenhower, luego del triunfo de la Revolución cubana y la nacionalización de propiedades estadounidenses.
Al principio, el bloqueo a Cuba sólo le permitía la comercialización internacional de alimentos y medicinas, pero a partir de 1962 llegó a ser casi total. En 1996, el Congreso de EEUU aprobó la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, también conocida como Ley Helms-Burton por los nombres de sus principales promotores, los senadores Jesse Helms (Carolina del Norte) y Dan Burton (Indiana).
Esta ley prohíbe a los ciudadanos estadounidenses hacer cualquier negocio con el Gobierno revolucionario. Lo mismo se aplica a una serie de empresas de otros países que se relacionen con Cuba.
Con la Administración Trump la política de sanciones hacia la isla se ha recrudecido y al día de hoy están limitados los viajes de los estadounidenses a la mayor de las Antillas, y el intercambio académico entre estudiantes, por consignación del Departamento del Tesoro.
Además, bajo el argumento de que la isla “continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental”, se prohibieron los viajes a Cuba de aviones privados y corporativos, cruceros, veleros, barcos de pesca y otras aeronaves y embarcaciones.
Venezuela, la obsesión más reciente
Desde 2014, EEUU respalda la oposición venezolana y ha impuesto sanciones a funcionarios activos y retirados del Gobierno de Nicolás Maduro por supuestas violaciones de los derechos humanos y corrupción.
El pasado 5 de agosto fueron bloqueadas todas las propiedades del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense mediante un decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El documento precisa que estos bienes “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de cualquier otra manera”.
Dicho embargo se aplica al Estado y Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), indica el decreto.
Y es el pueblo que termina gravemente lesionado con esas medidas, paga los platos rotos, aunque lo niegue el bárbaro y brutal imperio y el tonto e inservible Guaidog.
Alex Vásquez Portilla (Politólogo)
