Todas las promesas del presidente norteamericano Joe Biden al iniciar su mandato de que EEUU cambiaría su política internacional dejando a los países elegir su destino, quedaron en nada.
China, Rusia y el resto de los países saben que nosotros tenemos el Ejército más poderoso en la historia de la humanidad (Joe Biden, The Times, 22 de octubre de 2021).
Ya en febrero de 2021, el secretario de Defensa, Lloyd Austin fue ordenado por el presidente de hacer ‘revisión de la postura global de las Fuerzas Armadas de EEUU en el mundo’ haciendo hincapié en el hemisferio occidental, que, según el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, “está bajo el asalto y amenazas de China y las organizaciones criminales tradicionales”. En este contexto, Colombia ha recibido un especial espaldarazo del mandatario norteamericano, como un “socio clave” de EEUU en el continente.
Ya antes de asumir la presidencia, Joe Biden afirmó durante su campaña electoral que “Colombia es la piedra angular de la política exterior de EEUU en Latinoamérica y el Caribe”, agregando que “la seguridad y prosperidad de nuestro hemisferio dependen de la alianza cercana y eficaz entre Estados Unidos y Colombia”. Tan importante es Colombia para Washington, que la Casa Blanca ni toma en cuenta los constantes informes de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) sobre la crisis de seguridad en el país, donde solamente en los primeros meses de 2021 se registró el desplazamiento forzado de 60,700 personas, alertando sobre “la gravedad y continuidad de las violaciones de derechos humanos en Colombia”.
Sin embargo, la Casa Blanca no es la única en no ver el sistemático asesinato y persecución de los líderes sociales, dirigentes campesinos, defensores de los derechos humanos y del medioambiente, de los campesinos y exguerrilleros desmovilizados de las FARC. Recientemente, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) bajo mandato del Estatuto de Roma, Karim Khan, afirmó que “Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales y me complace anunciar que puedo cerrar la etapa del examen preliminar”. El CPI ha estado examinando la situación en Colombia del funcionamiento del sistema de justicia desde 2004.
Resulta que el Departamento de Estado y su secretario Antony Blinken, quien recientemente estuvo en Colombia, y el CPI ni se han dado cuenta de la existencia del ‘Informe del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Genocidio Político, la impunidad y los Crímenes contra la Paz’ (enero 2021) que denuncia a la Fiscalía de la Nación que favorece la existencia de la impunidad en materia de derechos humanos que oscila entre 98 y 99%. El documento recalca que solamente en materia de desaparición forzada hay alrededor de 85.000 casos registrados entre 1956 y 2016 y menos de 200 sentencias condenatorias. (p.157). En relación a los ‘falsos positivos’, que hasta septiembre del año pasado llegaron a 2.314 casos contra 10.949 miembros del Ejército involucrando 3.916 muertos, el Tribunal Permanente acusó a la Fiscalía de la Nación de condenar solo el 16% de las personas involucradas. (pp.155, 156).
Lo que le importa a Washington es mantener a Colombia como su incondicional aliado en el continente que dispone de mayor ventaja estratégica porque en primer lugar, es el único país en Suramérica que posee fronteras marítimas en el Atlántico y el Pacífico; en segundo lugar, Colombia es un eje que une tres regiones: la andina, la caribeña y la amazónica; en tercer lugar, el país posee abundantes recursos naturales y finalmente, Colombia, según el diseño de Washington, tiene capacidad de liderazgo militar en la región. El nuevo primer comandante del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN), Antonio García dijo que su país cumple un “rol en América Latina algo parecido al que desempeña Israel en Oriente Medio”.
Según los estrategas norteamericanos, la tarea principal de Colombia es socavar la estabilidad de Venezuela y promover el cambio de Gobiernos en la región que no satisfacen intereses norteamericanos. Para eso el país tiene a su disposición algo de 200 estructuras criminales, de las cuales 11 son grupos armados paramilitares que se utilizan por el Estado como sicarios. El Gobierno boliviano denunció hace dos semanas que se intentó asesinar al actual jefe de Estado, Luis Arce tras ganar los comicios. El magnicidio frustrado se lo atribuyen a integrantes del grupo que mató al expresidente de Haití, Jovenal Moisé, el 7 de julio pasado. De acuerdo al ministro de Gobierno de Bolivia Eduardo Castillo, en el atentado participaron mercenarios colombianos y un estadounidense.
Colombia trata, según instrucciones de Washington, de desestabilizar la frontera colombiana-venezolana (2, 219 km), atacar la moneda local, provocar hambre en Venezuela y generar ataques terroristas contra la estructura energética del país. No hay que olvidar, que 600.000 millones de barriles de petróleo de Venezuela, su más grande en América Latina yacimiento de oro, de litio y de tantos otros minerales siempre han estado en la mira de George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora de Joe Biden quien con sus sanciones y por medio de su marioneta, el presidente de Colombia Iván Duque persigue la misma tarea de doblegar al Gobierno bolivariano y eliminar a su presidente, Nicolás Maduro. En la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Colombia Iván Duque hizo énfasis en señalar en su discurso a Venezuela como una “narcodictadura”.
Politólogo Alex Vásquez Portilla, especial para El Tubazo Digital.
