Caracas.- Las decisiones de la 48 Asamblea de la OEA celebrada durante los pasados 4 y 5 de junio, plantean para el gobierno del presidente Nicolás Maduro y para el país en general un cuadro que revela una situación geopolítica en cuanto a las relaciones de Venezuela con el resto de las naciones de la región, que son objeto de consideraciones por parte de expertos en la materia internacional.
En el documento, la OEA pide al Gobierno restituir la autoridad de la Asamblea Nacional, respetar los derechos humanos, permitir la ayuda humanitaria, especialmente en salud e insta a los estados miembros adoptar medidas en lo político, económico y financiero para restablecer del orden democrático en Venezuela.
Por último, aplicar la Carta Democrática Interamericana que implicaría la suspensión de Venezuela de la OEA.
Suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), es un “proceso diplomático complejo” que requiere el apoyo de dos tercios (24) de los 34 países miembros, dijo el secretario general del organismo, Luis Almagro.
“El valor de la suspensión es su carácter de sanción política y moral de unos gobiernos sobre otro, más que las consecuencias prácticas de dejar de participar en las actividades y programas de la OEA”, agregó.
Almagro considera que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha llevado al país a un “extremo nunca visto” en la historia del continente: “rompe el orden democrático, violan con impunidad los derechos de sus nacionales”, entre otras.
Para el abogado Mariano De Alba, especialista en Derecho Internacional, la votación demostró que Nicolás Maduro ha perdido casi la totalidad del apoyo con el que contaba hasta hace poco. Apenas Bolivia, Dominica y San Vicente y las Granadinas se opusieron a la resolución.
Observó que países que en recientes votaciones eran férreos defensores del gobierno venezolano optaron por abstenerse, en referencia a los representantes de Ecuador, Haití, Nicaragua y San Cristóbal y Nieves.
El artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA determina las líneas que conducen a un proceso de gestiones diplomáticas para promover la normalización de la institucionalidad democrática que de resultar infructuosas se pasaría a la aplicación del artículo 21 de la normativa continental, dijo el especialista Mariano de Alba.
En primer lugar, cualquiera de los estados miembros o el secretario general “podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
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