Caracas.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab presentó este miércoles en la Asamblea Nacional Constituyente su memoria y cuenta del año 2017.
Durante su discurso aseguró que la anterior Fiscal General convirtió el Ministerio Público en una máquina de imputar y acusar a los pobres de nuestro país “y por supuesto sobreseer a los grandes capos de la droga, a los grandes jefes de la corrupción en este país”.
Agregó que desde que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente como Fiscal ha logrado tener un Ministerio Público “apegado a la Constitución y a la ley, haciendo justicia y marcando un punto de quiebre en la historia judicial venezolana”.
“Tan solo en 5 meses nosotros logramos lo que en años” el anterior Ministerio Público “tocado con los más bajos instintos de extorsión y de delincuencia organizada hizo en contra de la justicia de este país”, aseveró.
Entre tanto, nombró algunos casos investigado por su administración como el desfalco de la Faja del Orinoco, lavado de dinero en Andorra y los grandes desfalco del fraude importador que habían quedado sin investigación, “tenemos todas las pruebas al respecto”.
“Se trabajó más por el beneficio personal de un grupo y no para la Nación venezolana”, rechazó.
Desde agosto hasta la fecha han sido detenidos 14 fiscales por distintos tipos de prácticas delictivas, entre ellas, la extorsión, tráfico de influencias, el abuso de poder, “estos fiscales venían de la gestión pasada”.
El Fiscal General durante su memoria y cuenta decidió compartir tres casos: la corrupción en Pdvsa, lavado de dinero en Andorra y Cadivi y Cencoex.
“Hay un total de 100 detenidos y 62 órdenes de aprehensión, un récord jamás visto en la historia del país que tiene que ver más con la voluntad de un Ministerio Público y de un sistema de Justicia y de un Poder Público que sí quiere hacer las cosas, que no tener la razón para no hacerla”, manifestó.
Estas tres tramas le han causado al país una pérdida de 15 mil millones de dólares y de noviembre 2014 a mayo 2017, se causó un daño patrimonial de $1.156 millones 900 mil por crudo no producido y $266 millones por pago de regalías al Estado e impuestos por crudo contabilizado, pero inexistente.
Fuente
Paola Ñáñez
