San Juan de los Morros.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presenta en el 169 período de sesiones de IDH BOULDER – EEUU el próximo jueves 4 de octubre la situación de personas privadas de libertad en el Contexto de la Crisis Política en Venezuela (DE OFICIO).
OVP una vez más hará visible la situación de violencia e impunidad que se vive en los centros penitenciarios y calabozos policiales de Venezuela.
Son tres casos que presentará OVP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
1- Hallazgo de Osamenta en la Penitenciaria General de Venezuela: El 7 de septiembre del año 2009 familiares denuncian la desaparición del preso Francisco Dionel Guerrero Lárez, dentro de la Penitencia General de Venezuela (PGV), esta misma denuncia llega a manos de OVP el 29 de septiembre de ese año, en reiteradas oportunidades nuestra organización hizo el llamado al Ministerio Público para una investigación, al Ministerio de de Asuntos Penitenciarios y los mismos han hecho caso omiso, al punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió medidas provisionales para que localizarán al ciudadano Guerrero Lárez y el Comité Contra la Tortura emitió Decisión de Fondo el 15 de mayo 2015 en donde responsabilizaba al Estado de la desaparición de Francisco Dionel Guerrero Lárez y ordena el resarcimiento a los daños a sus familiares, sin que el Estado haya respondido a sus padres, esposa e hijos.
Ocho años después en una requisa en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) específicamente el 9 de marzo del 2017 fueron localizadas osamentas humanas en una fosa común, de unos 15 cadáveres, el Estado nunca dio información de quienes eran esos seres humanos y a pesar que existen personas que hay más restos humanos el Ministerio Penitenciario paralizó la búsqueda sin ninguna explicación. Dicha revisión se dio posterior al desalojo de dicho penal realizado el 28 de octubre del 2016.
2- Masacre en el Retén de Amazonas: El segundo caso es el asesinato de 39 presos en el Retén Policial de Amazonas, el hecho fue registrado el 16 de agosto del 2017 siendo considerado como una de las masacres más despiadadas que haya tenido lugar en nuestro país, porque bajo la modalidad de ejecución, usando armas de guerra, granadas, bombas lacrimógenas y helicópteros, según la versión de los sobrevivientes acabaron con la vida del 37,83 % de la población, ya que la población eran de 103 presos en ese establecimiento.
Hasta este momento que se dirige a esta honorable Comisión el Estado no ha procesado a ninguna persona involucrada responsables en estos hechos. Solicitamos justicia para las víctimas
3- Masacre en PoliCarabobo: El tercer caso que OVP expondrá ante la CIDH será la muerte de 69 personas dentro de los calabozos de un centro de detención, los de la Policía del estado Carabobo, de los cuales 67 era presos y dos eran mujeres visitantes que estaban pernoctando dentro de las instalaciones de PoliCarabobo.
En medio de un motín y la resistencia a una revisión según las denuncias recibidas a OVP los funcionarios habrían disparado en contra de la población reclusa, además lanzaron bombas lacrimógenas y rociaron con gasolina unas colchonetas iniciando el fuego dentro de los calabozos, así mismo no permitieron la salida de algunos presos quienes sufrieron quemaduras y algunos se carbonizaron.
Cinco funcionarios son los únicos detenidos, el caso sigue bajo investigación, pero no existe avances en el mismo y solicitamos de parte de esta Comisión le pida al Estado venezolano responsabilidades en este caso tan cruento.
Son tres casos que serán expuestos por OVP ante la CIDH en donde se demostrará con hechos la impunidad por el Estado y la falta de voluntad de poner a la orden de la justicia a los responsables. Venezuela presenta uno de los más vergonzosos sistema penitenciarios en la región, queriéndolos adornar con presos uniformados y el coco raspado, mostrando como el único avance reos limpiando calles, como si eso genera un futuro prometedor para esas personas.
Por eso el OVP levanta la voz de los que no tienen voz, de los más pobres y se dirige ante esta Comisión para que inste al Estado venezolano para que haga justicia a tiempo, porque justicia a destiempo no puede llamarse justicia y la familia está esperando que el Estado le dé oportuna y adecuada respuesta.
