Es una paradoja que Venezuela, con 34 millones de hectáreas con potencial agrícola, presente en el último trienio evaluado, un aumento de 4.0 % en el número de personas subalimentadas (FAO y OPS). En 2017, el 33% de nuestra infancia manifestó retardo en su crecimiento, mientras 4,5 millones de personas lograban alimentarse una vez al día. Hoy cerca del 90 % de nuestros hogares se encuentra en evidente inseguridad alimentaria al no tener acceso a los alimentos, ya que en la totalidad de los rubros agrícolas, hemos retrocedido a niveles de producción de los años 70 y 80.
Pese a este oscuro e innegable escenario, luego de veinte años de destrucción del modelo agrícola aplicado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, sus seguidores insisten en lograr “la predominancia de la propiedad social de la tierra, fábricas, empresas y agroindustria” como paso para alcanzar la “transformación socialista del campo y la agricultura en Venezuela”, predominando en sus proclamas su aversión a la “burguesía agraria”, aun cuando el 80 % de los pocos alimentos producidos en el país, provienen del sector privado.
La absurda obsesión de quienes desde el poder han desdibujado mi país durante estos últimos veinte años impulsando la “injertación socialista del estado” en el sector agropecuario, ha causado un grave daño al sistema agroalimentario venezolano. Nos enfrentamos a un estado en extremo controlador y regulador, que irrespeta de manera permanente los derechos económicos individuales, interviniendo cada día más en los procesos inherentes al sector agrícola privado, sin que sus acciones estén fundamentadas en el concepto real de utilidad pública.
Entre 2005 y 2013 se registraron más de 150 “adquisiciones forzosas”. Desde 2016 hemos presenciado el peligroso incremento de expropiaciones, ocupaciones e invasiones, de fincas, agroindustrias y cadenas distribuidoras de alimentos. Todas ellas conforman la toma por asalto de la agricultura venezolana, realizada irrespetando lo establecido en la constitución nacional, Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social y Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.
Dentro de esta política de apropiaciones ilegitimas, la medida que más daño ha causado a nuestra agricultura, fue la expropiación decretada por Hugo Chávez el 05 de octubre de 2010, sobre el consorcio Agroisleña. La historia de la agricultura venezolana quedará dividida por siempre en un antes y un después, de esta arbitraria acción. Agroisleña, para el momento de la adjudicación forzosa, cubría el 70 % de los requerimientos de agroinsumos del sector productor nacional a través de 82 puntos de venta y 8 silos con capacidad de almacenamiento de 1.0 millón de toneladas.
Para dimensionar el daño causado, tomo como referencia el rubro maíz blanco, base fundamental de nuestra alimentación. Para 2008, año en el cual Venezuela se autoabastecía de este cereal, cosechamos 783 mil hectáreas. Para aquel momento, el extinto consorcio privado Agroisleña, colocaba a disposición del sector los agroinsumos necesarios de manera oportuna, financiamiento, asesoría técnica y recepción de sus cosechas.
Para el presente año, la superficie a cosechar de maíz, a ocho años de la creación de Agropatria, nacida a partir de esta expropiación, alcanzará sólo alrededor de 220 mil hectáreas. La falta de semillas, fertilizantes y agroquímicos, es una de las razones principales de esta debacle. Esta empresa estatal, plagada de corrupción e ineficiencia desde de su creación, cubre apenas el 20 % de la demanda nacional de agroinsumos.
Para el 2016, Agropatria ya estaba en quiebra, a pesar de haber recibido 660,75 millones de dólares en auxilios financieros otorgados por fondos públicos entre 2010 y 2013. Para ese momento la empresa estatal tenía en su nómina 7.000 empleados, mientras Agroisleña, realizaba sus operaciones con sólo 1.700 a 2.000 trabajadores. El “Socialismo del Siglo XXI”, ha dado paso a la mediocridad, y la sumisión a un pensamiento único, por encima de la meritocracia y el nivel de formación profesional, no sólo en Agropatria, sino en la totalidad de los espacios arrebatados.
La lamentable tragedia que sufrimos en nuestros campos desde la expropiación del consorcio Agroisleña, ha demostrado que lejos de ser una compañía “explotadora de campesinos pendejos”, como la denominó Chávez Frías, fue realmente, como tantas empresas venezolanas, creadas y sustentadas por capital privado nacional e internacional, un soporte fundamental, que le permitió al más pequeño y humilde productor, tener la oportunidad de transformarse en un emprendedor exitoso.
Desde las plantas de Agroisleña nuestros dignos y orgullosos campesinos, tuvieron durante 52 años la oportunidad de ver crecer sus cosechas, junto a agricultores de 21 países, al recibir los agroinsumos para sus siembras, formulados en suelo patrio, con el sello “HECHO EN VENEZUELA”. Nuestros sueños, compromiso y talentos, los mantenemos intactos, con la seguridad que Venezuela volverá en un futuro cercano a producir en libertad y democracia, “De todo para el agricultor”.
Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer
* Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ / @WernerGutierrez
