El pasado mes de noviembre, cuando ya finalizaba la cosecha de lo poco sembrado en el ciclo de invierno, los maiceros venezolanos recibían del Ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras (MPPAT), Wilmar Castro Soteldo, una trágica noticia, el “precio acordado” para el maíz blanco y amarillo húmedo era fijado en 16 BsS el kilogramo.
Esta arbitraria y no consultada medida, fue rechazada de forma enfática y por demás justa por parte de FEDEAGRO, argumentando que este monto sólo representaba el 33.3 % del ingreso requerido por los agricultores. El fijar este precio irreal al maíz nacional, fue considerado como una estocada al sistema maicero venezolano, condenándolo a la ruina, cuando ya cumplía una década en caída sostenida en superficie cosechada.
La irracionalidad de aquella fijación de 16 BsS por kilogramo de maíz arrimado por el productor a las plantas receptoras, fue de tal magnitud que paralelamente el gobierno anuncio también para ese momento el “precio acordado” con los agroindustriales de 151 BsS para el kilogramo de harina precocida de maíz. Contradictoriamente, el precio impuesto a los agricultores solo constituía el 10.5 % del precio de la harina, cuando históricamente, siempre había representado alrededor del 40 %.
Pero esta acción, solo vendría a ampliar las continuas arbitrariedades del MPPAT en contra de las familias dedicadas al cultivo de este cereal. Oportuno es recordar el secuestro de los pocos agroinsumos traídos al país, asignados en un 73 % a AGROFANB por parte de la estatal AGROPATRIA, mientras a las asociaciones tradicionales, se le entregaba tan sólo un 27%, obligando al productor privado a recurrir al mercado informal de semillas, agroquímicos y fertilizantes, para no tener que abandonar sus campos.
Según las justificaciones de Castro Soteldo, esta estrategia le permitiría al país, gracias a los “nuevos actores”, alcanzar las 750.000 hectáreas de maíz en el 2018. Sin embargo, la cruel realidad fue que en maíz blanco apenas se cosecharon menos de 160.000 toneladas, cuando requerimos 1.6 millones de toneladas, mientras que los insumos recibidos por estos grupos, fueron desviados al mercado informal.
El fijarle al maíz nacional un “precio de gallina flaca”, nos indicaba que se planificaba un gran negocio por parte de las nuevas asociaciones de maletín conformadas principalmente por personal activo y en situación de retiro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo denuncie oportunamente en mi artículo “¿Y el precio del maíz pa’ cuando?”.
Era evidente que estos “nuevos actores” a los cuales el ministro les otorgo a su discreción los agroinsumos de AGROPATRIA – AGROFANB, y que a cambio de venderlos al agricultor, lo obligaban a entregarles su cosecha, se dedicarían en un futuro cercano, a comercializar el grano recibido a un mayor precio con la agroindustria, bajo la complicidad del MPPAT.
Hoy, la providencia administrativa N° 218/2019 de la Superintendencia nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, en la cual se anuncia un nuevo precio máximo de venta al productor de maíz “correspondiente a la zafra norte-verano febrero 2019-abril 2019 en BsS 515,20”, termina de desnudar el premeditado “atraco socialista” a nuestros agricultores, que ya habíamos advertido.
Todos sabemos que en nuestro país, en maíz no existe “zafra norte – verano”. Esta nueva “puñalada trapera” al maicero venezolano, simplemente servirá para generarle jugosas ganancias a las mafias que recibieron el maíz al productor a 5 o 16 BsS, y luego de tenerlo almacenado en sus silos durante menos de tres meses, lo venderán a la agroindustria a 515,20 BsS.
Conozco el caso de asociaciones y agroindustrias serias que ya habrían compensado parcialmente al productor por el diferencial de precio. Lo deseable, es que todas las receptoras del sector privado, ofrezcan al maicero nacional una justa compensación. Los “nuevos actores” le han negado completamente ese derecho al agricultor. Incluso, quienes se han atrevido a levantar su voz, manifestando inconformidad por el trato recibido, han sido conminados, bajo amenaza de grupos fuertemente armados que representan a estas organizaciones, amparadas y protegidas desde el MPPAT, a guardar silencio.
Pero el negocio, no termina allí. Parte del maíz almacenado en los silos bajo el control de estos delincuentes, también lo están comercializando irregularmente con el estado venezolano, como “maíz importado”, recibiendo 180 dólares por tonelada, mientras ellos lo habían pagado al agricultor venezolano, a un equivalente de 23 dólares la tonelada.
Si queremos salvar nuestro maíz, primero debemos recuperar nuestro país. Es indudable que las verdaderas intenciones del malandraje y vandalismo que se ha enquistado en el MPPAT siempre ha sido la obtención de infinitas riquezas, dejando detrás solo rastrojos, de lo que llego a ser una agricultura modelo para el mundo. Indispensable es por tanto, en libertad y democracia, el conquistar nuevos paisajes.
Werner Gutiérrez Ferrer/Exdecano Facultad de Agronomía de LUZ/ @WernerGutierrez
