El nuevo año comenzará con reuniones en muchos colegios para que la comunidad educativa llegue a acuerdos sobre las nuevas matrículas que permitan cancelar los aumentos por concepto de salario y bono de alimentación decretados por el Ejecutivo.
Para Nancy de Martín, presidenta de Fenasopadres, el incremento salarial de 40% pone en riesgo el funcionamiento de algunos colegios privados pequeños que no puedan asumir los nuevos ajustes.
La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), aconseja a los directores estructurar el presupuesto anual en función del ingreso de los padres y representantes, el pago de docentes y el mantenimiento mínimo de las instituciones para evitar que se incremente la tasa de egresos de alumnos, que ya es elevada.
Según el ministro de Educación, Elías Jaua, más de 200.000 estudiantes fueron cambiados de planteles privados a públicos en el año escolar 2017-2018.
Fausto Romeo, presidente de Andiep Caracas, pone el acento en la ausencia de transporte y recuerda que están operativas menos de 20% de las busetas. Los representantes solicitan que se active un plan para incrementar las unidades pues la falta de autobuses complica la rutina escolar y obliga a los padres a levantarse hasta dos horas antes para cumplir con el horario de entrada a las aulas. Muchos deben caminar largos trechos o dejan de asistir a los colegios.
Noelbis Aguilar, directora Nacional de Escuelas de Fe y Alegría, agrega que el encarecimiento de los pasajes muchas veces impide a docentes y estudiantes trasladarse hasta los planteles. “Esperamos que el Ministerio de Educación se pronuncie hoy sobre el aumento salarial de los maestros de los colegios subvencionados. No cancelar estos sueldos antes del jueves puede significar que algunos no tengan para trasladarse a sus lugares de trabajo”.
Para Aguilar, hay muchos factores que atentan contra el desarrollo normal del proceso de enseñanza. “Hay renuncias casi todos los días. En Fe y Alegría cerramos el primer lapso con un déficit de 15% de docentes, el programa de alimentación no está garantizado, al cierre del año escolar estaba llegando arroz y algunos vegetales y no alcanzaba para todos los días hábiles. También hay que lidiar con los robos y hurtos en las escuelas”.
Desde la Federación de Maestros, Orlando Alzuru, considera que la desprotección social es el principal problema que atraviesan los docentes y sus familiares. “Pedimos al Ministerio que reactive el Ipasme para la atención médica de sus afiliados. Otra propuesta que elevaremos a las autoridades es que el pago de los educadores se haga en forma semanal y no quincenal para ganarle días a la inflación”.
