Carlo Brito y Carlos Villalba, abogados en ejercicio, acudieron ante la Contraloría Municipal de Roscio con el fin de interponer una solicitud de apertura de un procedimiento de auditoria a la Dirección de Administración y Gestión Tributaria de la Alcaldía.
“Presumimos que esa instancia de administración tributaria del municipio no esta cumpliendo con los procedimientos de garantías en establecidos artículo 188 del Código Orgánico Tributario” señaló Brito.
Asegura que se estaría “violentando el principio constitucional del debido proceso y derecho a la defensa, como norma rectora de todos los actos procedimentales”.
Pruebas
El abogado explicó que “se ha hecho público, notorio y comunicacional tanto en las redes sociales de la alcaldesa, como de su Dirección de Administración, de varios procedimientos que se han llevado a cabo en el municipio donde hacen cierres inmediatos de establecimientos comerciales”.
Considera que estas medidas “violetan el derecho a la defensa de cualquier contribuyente”.
Brito mostró una publicación tomada de una red social de la alcaldesa, fechada el 13 de abril del presente año, en esta se aprecia una imagen de un procedimiento fiscal, con funcionarios de la Policía Municipal y se puede observar como colocan unas etiquetas de cierres”.
“Nosotros vemos con profunda preocupación como la acción administrativa municipal, osa de colocar etiquetas de cierre sin el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Tributario” reiteró el declarante.
Expone que el COT establece en el articulo 188 como se realiza un procedimiento, “ningún cierre puede llegar de golpe, violenta el principio del debido proceso”.
Alega que “como abogados en ejercicio, amparados en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana solicitamos a una instancia de control fiscal, como la Contraloría Municipal para solicitarle una auditoria, que constate cuál es el tipo de procedimiento que está llevando a cabo la alcaldía”.
Brito pide que sea la contraloría municipal la que determine “si hubiera lugar a anomalías, y establezca sanciones administrativas o sugiera el reajuste de estos procedimientos”.
Los abogados expusieron que por iniciativa propia acudieron ante la Contraloría, como abogados preocupados y “por la presunción de la violación de las garantías constitucionales de los contribuyentes”.
Lapsos
De la misma manera el profesional del derecho Carlos Villalba indicó que en esta solicitud, hay un proceso de diez días hábiles que la contraloría establece como lapso probatorio de la denuncia que se interpone.
Villalba explica que para sustanciar este procedimiento, “todo comerciante que haya sido víctima de estos procesos violatorios, donde se les ha impuesto cierre sin el debido proceso, se pueden poner en contacto con nosotros y acompañar en esta denuncia, sustanciando los hechos en donde han sido agraviados por la Dirección Tributaria de la Alcaldía”.
Orlando Medina Bencomo CNP 26637 El Tubazo Digital
