En ese sentido, la academia divulgó un comunicado donde denuncia la crisis económica que azota al país, y sostiene que “los decretos recurrentes de alza del salario mínimo, así como la invención de bonos especiales a ser entregados a través del carnet de la Patria, no han evitado el colapso en la capacidad adquisitiva de las remuneraciones”.
Asimismo, indica la misiva que “los incrementos decretados más bien acentúan la hiperinflación. Ante la caída en los ingresos reales del fisco, son financiados con emisión monetaria del Banco Central”, agravando así la situación de la economía nacional.
“En este marco de terribles estragos causados sobre la población venezolana, seguir argumentando la existencia de una supuesta “guerra económica” para mantener las actuales políticas no hace más que ocultar las verdaderas razones que originan estas calamidades”, señala el comunicado de la ANCE.
- A continuación, el texto íntegro:
La Academia Nacional de Ciencias Económicas (ANCE), alarmados sus integrantes ante la persistencia con que el gobierno mantiene políticas que nutren la hiperinflación que hoy condena a los venezolanos a crecientes penurias, se siente obligada a alertar a la nación, en cumplimiento de su mandato legal, sobre los determinantes de tan lamentable situación.
1) Los episodios de hiperinflación documentados en los siglos XX y XXI se asocian a la expansión acentuada de las variables monetarias y a severas crisis del sector externo. La superación de estos episodios ha requerido, por fuerza, corregir estos desajustes macroeconómicos.
2) Los decretos recurrentes de alza del salario mínimo, así como la invención de bonos especiales a ser entregados a través del Carné de la Patria, no han evitado el colapso en la capacidad adquisitiva de las remuneraciones. Durante 2017 se decretaron siete incrementos del salario mínimo integral1 , con un alza total del 778%. No obstante, la inflación registrada por la Asamblea Nacional fue de 2.616%, por lo que su poder de compra se redujo en un 66,4%. Durante el primer semestre de 2018, tres decretos de alza han aumentado este salario en 552%, pero la inflación registrada hasta finales de junio supera 4.500%. Por tanto, su capacidad adquisitiva ha disminuido ya en más de un 80%. Esta tendencia ha destruido prácticamente toda ventaja del nuevo cono monetario anunciado.
3) Los incrementos decretados más bien acentúan la hiperinflación. Ante la caída en los ingresos reales del fisco, son financiados con emisión monetaria del Banco Central, agravando los desequilibrios entre una demanda abultada por la inyección a la economía de dinero sin respaldo y una oferta de bienes y servicios que viene reduciéndose significativamente desde 2013.
4) Casi todos los episodios de hiperinflación referidos han tenido una duración de escasos meses. Ello no se debe, empero, a efectos correctivos internos a la economía que se desatan al superar la inflación un umbral determinado, sino que obedece a una respuesta política ante las presiones causadas por los terribles costos que ella arroja sobre la población. La hiperinflación venezolana está entrando en su octavo mes. Lamentablemente, no se manifiesta voluntad política alguna por tomar las medidas que se requieren para erradicar este flagelo.
5) La Asamblea Nacional reformó en 2016 la Ley del Banco Central de Venezuela para rescatar su objetivo fundamental de “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria” (art. 318, CRBV), prohibiendo el financiamiento monetario de los déficits fiscales, motor del alza de precios. Desgraciadamente, el Tribunal Supremo de Justica declaró esta reforma de “inconstitucional”.
6) Por último, los controles de precio agravan las penurias, promoviendo la escasez, el desempleo y el deterioro aun mayor en las condiciones de vida de los venezolanos.
En este marco de terribles estragos causados sobre la población venezolana, seguir argumentando la existencia de una supuesta “guerra económica” para mantener las actuales políticas no hace más que ocultar las verdaderas razones que originan estas calamidades: la insistencia en ejecutar políticas económicas persiguiendo objetivos de control político, que en nada contribuyen a la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social.
Reiterando lo señalado en nuestro pronunciamiento público del 9 de mayo pasado, consideramos inaceptable “contraponer objetivos políticos particulares y/o intereses de grupos atrincherados en los nodos decisorios del poder, a la necesidad de superar de forma perentoria los graves padecimientos de las grandes mayorías. El país cuenta con los recursos, los talentos y la buena disposición de inversionistas, nacionales y extranjeros, para salir adelante, siempre que se instrumenten las medidas adecuadas.”
La Academia Nacional de Ciencias Económicas exhorta al Ejecutivo nacional a rectificar cuanto antes sus políticas a fin de poder revertir el funesto deterioro en las condiciones de vida del venezolano. En Caracas, a los cuatro días del mes de julio de 2018.
Humberto García Larralde Presidente
Sary Levy Carciente Secretaria
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