Militares e integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron este domingo al salón de sesiones de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
El presidente Nayib Bukele convocó a una sesión extraordinaria para la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad en esa nación.
La presión de Bukele, contra el Parlamento, aumentó con el ingreso a la fuerza de miembros de la Policía y del Ejército a la AN.
Esta ya había convocado a una nueva sesión para el lunes para analizar el problema, ya que “Existe voluntad de los diferentes partidos para votar”.
¿Insurrección o golpe?
Las medidas ejecutadas por Bukele corresponden a su llamamiento a la “insurrección” para forzar al Parlamento a aprobar un préstamo de 109 millones de dólares. Asi pretende impulsar la Fase III del Plan Control Territorial, una iniciativa para mejorar la seguridad contra las pandillas.
Para este domingo fue convocada una “concentración ciudadana” por parte del mandatario Bukele invocando el artículo 87 de la Constitución relativo a la “insurrección” para presionar a los diputados.
Dicho artículo estipula que el pueblo tiene derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas.
Desde la mañana de este sábado, varios elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han sido desplegados en alrededores de la Asamblea Legislativa.
Además, empleados del Ministerio de Defensa Nacional también han armado una tarima frente a Asamblea Legislativa.
Diputados denuncian
Algunos diputados han criticado está decisión del Ejecutivo, entre ellos, la diputada del FMLN, Elizabeth Gómez, quien catalogó de “trasgresión” a la democracia.
El financiamiento solicitado por Bukele fue rechazado por el órgano legislativo al ser tramitada a través de un procedimiento de emergencia calificado por los legisladores como improcedente.
Estos plantean que debe contar con el visto bueno de la Comisión de Hacienda en la que el mandatario no cuenta con los apoyos necesarios.
La comisión aseguran que el Ejecutivo no ha explicado con detalle en qué será ejecutado el dinero.
La negativa del ente legislativo se debió también al cuestionamiento por acusaciones por presuntos hechos de corrupción a miembros del Gabinete de Bukele.
El pedido de Bukele ha sido criticado por diversos sectores políticos por violentar la constitución y representar una violación a la independencia de cada uno de los órganos de Estado.
Con información de TELESUR
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