El “debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” se observa desde 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en 2017, “ha tenido una profundización e intensificación alarmantes”, afirma la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El reporte de la CIDH es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez.
En este nuevo informe de 165 páginas, la CIDH se centra en las cuatro “preocupaciones centrales” con relación a Venezuela: un resquebrajamiento de la institucionalidad democrática y “serios obstáculos” para la participación política; un incremento de la represión y la censura; un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana; y una intensificación de la pobreza y la pobreza extrema.
En Venezuela hay un “desprecio por el Estado democrático de Derecho”, asegura el reporte, demostrado por una “inobservancia del principio de separación de poderes” y una “usurpación de funciones del Poder Legislativo” por parte del Ejecutivo y el Judicial.
“La Asamblea Nacional (Congreso), democráticamente elegida, ha sido seriamente impedida de ejercer sus funciones constitucionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, subrayó la CIDH.
Ante las protestas contra el gobierno de Maduro por esta situación, que entre abril y julio pasado dejaron más de un centenar de muertos y miles de detenciones arbitrarias, la CIDH expresa su “más enérgico rechazo” a la represión estatal.
Además, el reporte da cuenta de casos de violencia sexual, censura, inseguridad ciudadana, limitaciones a los derechos políticos, desabastecimiento, desnutrición y carencias sanitarias, en medio de hiperinflación y altos niveles de corrupción e impunidad.
“La crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación”, apunta el informe.
Fuente
Con información de la AFP
