“Debemos recordar que en un Estado de derecho, quien es privado de su libertad, es titular de derechos referibles a las diferentes esferas (derechos relativos a la integridad física y psicológica, a las relaciones familiares y sociales, a la integridad moral, etc.)”.
En función de las acciones judiciales que ha emprendido el Gobierno en contra del diputado, la conferencia expresó que “el país está pasando por una situación muy delicada: se quiere instaurar una espiral de violencia y se promueve el resquebrajamiento de la justicia, particularmente cuando todo lo que tiene que ver con ella se está saliendo del control de las leyes y de los procedimientos legales, para enmarcarse en la arbitrariedad que lleva a la persecución física, el amedrentamiento, y al atropello del Estado de derecho”.
El pasado martes 7 de agosto el partido político Primero Justicia (PJ) denunció a través de la red social Twitter que el parlamentario Requesens y su hermana fueron sacados de su casa de manera “forzosa” por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Sin embargo, la joven Rafaela Requesens fue liberada al siguiente día, dejando al legislador encerrado por estar involucrado, según declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro en el atentado en su contra mientras ofrecía un discurso en la Av. Bolívar por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
El 9 de agosto el ministro para la Comunicación, Jorge Rodríguez mostró un vídeo donde el diputado Requesens confesó que el dirigente de PJ, Julio Borges, le ordenó pasar por la frontera a Juan Monasterios, alias “Bonds”. Ese mismo día, horas más tarde se difundió un video a través de Twitter y se mostraban imágenes de Requesens sin camisa y con un short muy sucio.
Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana ante el deterioro de la justicia venezolana https://t.co/7soTx1jR1h pic.twitter.com/l3AiZn3pIf
— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) August 13, 2018
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV expresó que “las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos con base en indicios o presunciones de la responsabilidad penal, nos conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas o desapariciones forzadas, supuestos que atentan a todo evento contra la integridad física y psíquica de los venezolanos”.
La conferencia indicó que “la violencia venga de donde venga, implementada a personas, instituciones o al pueblo mismo, debe ser rechazada en todas sus vertientes. Con la paz logramos todo, con la violencia la destrucción”.
El ente religioso acusó al Gobierno de violar el Estado de derecho en el caso Requesens, por lo que parte del comunicado indica que “lamentablemente en el país quienes se sienten con poder están usando la única arma de los que no tienen razón: la violencia represiva. Para ejercerla están violando leyes, los articulados de la Constitución Nacional y los derechos humanos”.
Llamó a los venezolanos a no desmayar en la protesta cívica para exigir lo que establece la Constitución, derecho legítimo al buen funcionamiento de los servicios públicos, en base a la crisis eléctrica, la falta de agua entre otras precariedades que han venido presentando los servicios básicos.
“Exhortamos a los organismos de seguridad del Estado a cambiar su actitud, entiendan que estamos en momentos de grandes sacrificios y sufrimientos de nuestro pueblo, de sus propias familias, de sus hijos”, decía el texto.
#ComunicadoCEV están violando leyes… Perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente, es el componente que se observa, mientras hay una multitud de pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, transporte público, gas, sueldos dignos, detener la inflación.
— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) August 13, 2018
Fuente
Crisbel Varela
