Los agentes económicos, según la legislación avalada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, están obligados a aceptar la criptomoneda. En consecuencia, todos los precios de los productos y servicios deben expresarse en dólares y bitcoin.
El gobierno dispone de más de 200 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto. Además compró bitcoins equivalente a más de 21 millones de dólares al precio registrado el lunes.
La Ley Bitcoin cobró vigencia en medio de amplía desaprobación de los salvadoreños, según distintas encuestas, y con distintas protestas convocadas para rechazar la normativa.
El uso del bitcoin se convirtió, desde su sorpresivo anuncio en una conferencia en Miami y su pronta aprobación, en la principal apuesta económica del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de la pandemia de covid-19.
“Como toda innovación, el proceso del Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes”, publicó ayer lunes en Twitter Bukele.
“Pero debemos romper los paradigmas del pasado. El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”, agregó.
Los sondeos de opinión revelan que este es el primer proyecto de Bukele rechazado por buena parte de la población. Eso a pesar de que el mandatario mantiene altos niveles de popularidad.
La encuesta del Instituto de Opinión Pública señaló que 66,7% de la población opina que la Ley Bitcoin se debía derogar. Mientras que 65,2% se mostró en desacuerdo en que el gobierno utilice fondos públicos para financiar la implementación del criptoactivo.
Con información de la EFE
