En dicha evaluación, emprendida desde 2016, se ha verificado que el retardo procesal contribuye con el hacinamiento porque los procesos judiciales que deberían ser expeditos tardan meses y años en resolverse y los detenidos aguardan por su presentación ante la Fiscalía y los tribunales, para que se desarrolle el juicio y se dicte la sentencia correspondiente.
Además, la Defensoría ha detectado que al menos un 10% de las personas que permanecen en distintas comisarías policiales del país ya tienen sentencia firme, pero no han sido trasladadas a los centros penitenciarios por “prácticas irregulares de algunos funcionarios policiales”.
En una entrevista concedida a AVN, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, indicó que los policías no están capacitados para atender a esta población y que las competencias de los cuerpos policiales se desvirtúan.
Refirió que en la Comandancia de la Policía del estado Carabobo, la Defensoría del Pueblo registró la permanencia de 254 personas privadas de libertad.
En estos calabozos, 68 personas fallecieron producto de un presunto incendio el 28 de marzo, por lo que el Ministerio Público (MP) imputó a José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y a los efectivos José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.
Al respecto, el defensor señaló que los funcionarios que deberían garantizar la seguridad ciudadana, como el patrullaje de los sectores, “están dedicados a cuidar personas privadas de libertad”, mientras que las edificaciones policiales “no disponen de espacios adecuados porque no son centros de detención”, por lo que no se garantizan derechos como la salud, la educación y el trabajo.
“No les han demostrado su culpabilidad y les han quitado el derecho al trabajo, al estudio, a la salud, es decir, se están dando situaciones anómalas”, expresó.
Ruíz indicó que es necesario que los tribunales actúen con celeridad con respecto a los detenidos en los calabozos policiales para que ordenen los juicios, otorguen medidas cautelares o dictaminen la plena libertad.
Según el funcionario, desde 2015 la Defensoría del Pueblo trazó un plan de trabajo para solucionar el retardo procesal, en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), cuerpos policiales estadales y municipales, Defensa Pública, Ministerio para la Salud, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Ministerio Público y Ministerio para Servicio Penitenciario.
Igualmente, ha recorrido varias comisarías de Miranda como el Centro de Coordinación Policial en Petare, así como en Santa Teresa del Tuy, Ocumare, Charallave, Higuerote y Río Chico.
Fuente
Con información de la AVN
