“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda. La fiscal confía en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño “antes de que finalice” su mandato, que concluye el 15 de junio.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas. Específicamente, durante manifestaciones y en cárceles, desde abril de 2017.
Las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”, aseguró la jurista. Su inminente decisión tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad.
No obstante, las autoridades venezolanas entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI. En dicho documento se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar. Esto último según el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab.
Bensouda dijo que no podía “ignorar” la reclamación de Caracas. En ese sentido, presentó una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”.
Aunque Caracas anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial. Por lo tanto, se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces.
Con información de la EFE
