El Ministerio de Exteriores español explica en el documento que la confiscación ha sido iniciada por el gobernador de Zulia, Omar Prieto, al mismo tiempo que denuncia que se hizo “sin respetar” las leyes de Venezuela, sin que existiese justificación que la fundamente e “incumpliendo” los compromisos adquiridos frente al Ejecutivo español.
Para Exteriores, esta medida “supone un perjuicio directo para el sector salud venezolano y para el abastecimiento de productos esenciales que benefician a la sociedad”. Además, señala que representa “una violación del Estado de Derecho y una señal para los inversores nacionales e internacionales sobre la falta de seguridad jurídica existente en el país”, reseña Europa Press.
SM Pharma, fundada y dirigida por una familia de origen asturiano, trabaja desde hace cinco décadas en el país sudamericano. “La empresa ha demostrado estar comprometida con Venezuela, habiendo ofrecido a las autoridades ampliar su actividad productiva y comercial siempre que se aplique la ley y que se le permita operar con normalidad”, indica Exteriores.
No obstante, según la planta ‘Venezolana de Televisión’, el gobernador Omar Prieto dijo que esta empresa fue abandonada por sus dueños, quienes estarían “complotados para dañar el suministro y entrega de medicinas” y que en 2018 “solo producían tres productos para intentar declararla en bancarrota”.
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