Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo, su hermano Abraham Lugo y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, recibieron, cada uno, un disparo mortal en la cabeza, según se pudo conocer.
El informe de Pérez, que se dio a conocer en horas de la noche de este viernes, fue elaborado por la patóloga Osmary Álvarez y refleja lo que muchos señalaban sobre la causa del deceso del oficial, que se declaró en rebeldía el pasado 27 de junio cuando sustrajo un helicóptero del Cicpc y lo utilizó para atacar las sedes del Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicita en Caracas.
Los cadáveres de las víctimas de la llamada “masacre de El Junquito” aún no han sido entregados a sus familiares, quienes esperan por la autorización del Tribunal Noveno Militar, para realizar la sepultura de sus restos.
Aún no se ha aclarado si lo restos de Pérez y de Pimentel serán o no cremados, como se ha informado insistentemente a través de las redes sociales. Este procedimiento que estaría reñido con lo establecido en las leyes que obligan a sepultar a todas las víctimas de muerte violenta, por un período de siete años, para mantener los cadáveres en caso de que en el futuro sea necesario realizar otros exámenes forenses.
El informe no refleja los efectos que pudo haber tenido el estallido de las granadas tipo RPG disparada contra las siete personas que se encontraban en el chalet.
Este tipo de armamento es usado por las fuerzas militares contra vehículos blindados y bunkers de extrema fortaleza, por lo que su explosión en un espacio tan reducido y endeble debió haber tenido graves consecuencias para las víctimas de los hechos ocurridos el pasado lunes 15 de enero en El Junquito.
Fuente
Carlos D’Hoy / Joan M. Camargo
