En un comunicado, la presidencia francesa afirmó que los esfuerzos de la CPI son pertinentes para “establecer los hechos que han llevado a esta crisis y contribuir a encontrar una solución”.
El Elíseo mostró gran preocupación por los últimos acontecimientos, “en particular el deterioro de la situación económica que obliga a cientos de miles de ciudadanos venezolanos a exiliarse y a buscar refugio” en el resto de Sudamérica e incluso fuera de la región.
En ese contexto, enmarcó la decisión de la fiscal de la CPI, que el pasado 8 de febrero había abierto un examen preliminar de la situación en el país, a lo que ha seguido este jueves la petición de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
El examen preliminar abierto a Venezuela en febrero ponía el foco en supuestos crímenes cometidos “al menos desde abril de 2017”, en el contexto de las manifestaciones de la oposición cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó sin competencias al Parlamento.
El Elíseo, que recordó el apoyo de Francia a los países que acogen a esos refugiados, reiteró con insistencia su mensaje “a las autoridades venezolanas para que pongan en marcha el diálogo con la oposición para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones”.
Se trata, además -añadió-, de “encontrar una salida a la crisis política y contribuir a la recuperación de la economía venezolana”.
La petición a la CPI lanzada inicialmente por esos seis países americanos es la primera, en los 16 años de historia de la CPI, en que un grupo de Estados parte remiten la situación de un tercer país a la Fiscalía.
Fuente
Con información de la EFE
