Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, aseguró que a los canales de distribución que no están con el Estado no les va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con anaqueles vacíos.
Caracas.- En el primer día de reuniones con sectores productivos, al gobierno no le tembló el pulso. El ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck el Aissami, aseveró que la intención con los encuentros era “sincerar las estructuras de costos” de 50 productos y posteriormente fijar nuevos precios. Sin embargo, los empresarios se llevaron una sorpresa: les exigieron entregar al Ejecutivo 70% de su producción.
Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, dijo que el gremio rechaza de manera contundente que se quiera obligar a los productores a entregar ese porcentaje de su producción al gobierno. “Eso es un intervencionismo, ya a una etapa en extremo, que seguirá afectando al productor y agudizando el abastecimiento y la crisis que estamos viviendo todos los venezolanos”.
El gobierno no informó cómo les pagarían a los empresarios el porcentaje de producción que estarían obligados a entregar. “No hay certeza de precios”, aseguró.
El directivo advirtió que para los distribuidores privados no va a quedar prácticamente nada y los consumidores se van a encontrar con los anaqueles vacíos. “Si la producción se va a destinar mayoritariamente al gobierno para que la entreguen de forma populista y con manejo ideológico a las personas que ellos consideren, los que no tengan acceso a esos canales de distribución oficiales no podrán conseguir productos de ninguna manera”. Indicó que con esa medida también se va a alimentar el bachaqueo.
Informó que en la reunión del miércoles no se llegó a un consenso con respecto al ajuste de los precios. Añadió que no puede haber un sistema de control de precios que sea rígido, se debe permitir la libre oferta y la demanda porque los precios varían. “El gobierno está vendiendo los pocos insumos que hay a unos precios sustancialmente más altos a los que teníamos el año pasado”.
Larrazábal dijo que en la reunión comenzaron analizando una lista de 15 productos, entre ellos arroz, azúcar y maíz. Sin embargo, a pesar de que Fedeagro es el principal gremio de productores agropecuarios del país, que producen esos rubros, no los convocaron formalmente, indicó su presidente, Aquiles Hopkins.
Se profundiza el control. La vicepresidente Delcy Rodríguez pidió a gobernadores y alcaldes apoyar el relanzamiento del Plan 50, presentado por primera vez por el presidente Maduro en septiembre pasado para establecer el nuevo precio de los alimentos. “Con la articulación del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las mesas técnicas donde participan las comunidades, saldremos adelante para garantizar la Venezuela potencia”, afirmó.
Con la exigencia a los empresarios de entregar parte de la producción, el gobierno profundiza el control de la producción, distribución y comercialización de los alimentos. El 30 de enero la asamblea nacional constituyente aprobó la Ley de los consejos productivos de los trabajadores, que faculta al Ejecutivo a intervenir en los procesos de elaboración de una empresa.
Solo cuatro meses después, a finales de mayo, el mandatario anunció la toma de los mercados municipales para “expulsar a las mafias que ocasionan el incremento de los precios de los productos”, medida que redujo 50% las ventas por la caída de la afluencia de consumidores debido al temor a una posible acción violenta de funcionarios del Estado.
“La misma fórmula”. El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer a las cadenas de supermercados que tomarán “medidas radicales” si incumplen la Ley de precios acordados. “Pónganse a derecho, les doy una oportunidad o cumplen con la Ley de precios acordados o respetan los mecanismos de fijación de precios, o la revolución tomará medidas radicales”, amenazó. “Nosotros vamos a lograr el milagro económico, y lo digo, estoy dispuesto a hacerlo por las buenas o por las malas”, agregó.
No es la primera vez que Maduro amenaza a los supermercados. A principios de enero funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos fiscalizaron 214 establecimientos de 26 cadenas y bajaron los precios de los productos a los que marcaban el 15 de diciembre pasado. Esta medida acabó con inventarios y profundizó el desabastecimiento.
“No hay nada nuevo en lo que dice el presidente. Ni siquiera ha tenido la creatividad de anunciar algo diferente”, expresó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio. “Repiten y repiten la misma fórmula y por supuesto lo único que van a obtener son los mismos resultados: el desabastecimiento de los productos que tratan de controlarle los precios y la aparición de los mismos productos en mercados no formales con precios altos”.
Sostuvo que cuando un comerciante, empresario, industrial o productor, en cualquier eslabón de la cadena, no tiene capacidad de reponer un producto cuyo precio esté regulado, lo dejará de producir y ofrecer. “Nadie va a trabajar a pérdida y menos en la crisis económica en la que estamos”, aseguró.
Recordó que el gobierno le adjudica la responsabilidad de lo que ocurre a otros actores, “cuando la responsabilidad es única y exclusivamente de él”.
Cifras
15 productos de los 50 a los que les ajustarán los precios fueron analizados en la reunión del miércoles, entre ellos arroz, azúcar y maíz. El gobierno no convocó a Fedeagro, a pesar de que agrupa a los productores agropecuarios.
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