Mediante un comunicado que difundió la Cancillería de Perú, el grupo repudió, además, cualquier “intento de manipulación” que se haga respecto al incidente del 4 de agosto para “perseguir y reprimir la disidencia política”.
En ese sentido, “condenan y rechazan firmemente la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 200) que les amparan, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros instrumentos internacionales aplicables”.
“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, al reiterar que sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano, reafirman su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de derecho en Venezuela”, prosiguió el comunicado.
A continuación, el texto íntegro:
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, miembros del Grupo de Lima, hacen un exhorto urgente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se conduzca una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre el evento que tuvo lugar el 4 de agosto, durante los actos de celebración del 81 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, con objeto de esclarecer los hechos de manera imparcial, con pleno respeto del estado de derecho y de los derechos humanos.
Asimismo, ante las recientes acciones de represión emprendidas contra diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela:
Repudian cualquier intento de manipulación que se haga del incidente ocurrido el 4 de agosto para perseguir y reprimir a la disidencia política.
Condenan y rechazan firmemente la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa, del diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Requesens, así como la orden de captura emitida contra el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en abierta violación a sus fueros parlamentarios y a las garantías e inmunidades previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (art. 200) que les amparan, así como en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos, entre otros instrumentos internacionales aplicables.
Expresan su profunda inquietud por la utilización de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado venezolano para perseguir a los opositores políticos, lo que evidencia una vez más la ruptura del orden democrático y el quebrantamiento de la Constitución de ese país, contraria a la voluntad del pueblo venezolano.
Reiteran su profunda preocupación por la situación de todos los presos políticos en Venezuela y exigen su inmediata liberación, haciendo un urgente llamado a las autoridades venezolanas para que se respeten las garantías y libertades políticas de todos los ciudadanos venezolanos, así como la convocatoria de elecciones libres, transparentes y democráticas.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, al reiterar que sólo los venezolanos pueden encontrar la solución para la grave crisis que afecta a ese país hermano, reafirman su compromiso de seguir tomando acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela.
Lima, 11 de agosto de 2018.
Fuente
Jesús Herrera
