Zulia.- Homicidio preterintencional con causal es el delito imputado por el Ministerio Público contra el teniente (Guardia Nacional Bolivariana) Ascanio Antonio Tarascio y el sargento (también de la GNB) Estiben José Zárate, presuntos homicidas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió tras ser apresado por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Acosta Arévalo, señalado como presunto integrante de un complot militar que el Gobierno denunció tenía como objetivo acabar con la vida del Jefe del Estado, sus familiares y altos funcionarios del Gobierno, fue detenido el 22 de junio y el pasado viernes 28-J presentado ante tribunales, a donde llegó en silla de ruedas.
Según su esposa, Waleska Pérez, al capitán “lo torturaron mucho. Tanto que lo torturaron, que lo mataron”.
¿A qué pena se enfrentan los presuntos homicidas de Acosta?
Según el Código Penal, “un máximo de ocho años, con la posibilidad de que, incluso, sean favorecidos con una medida sustitutiva de libertad”, responde el abogado zuliano Alexander Marcano.
El penalista agrega que la calificación de homicidio preterintencional reconoce que el agresor actúa con la intención de provocar lesiones a otra persona, sin intención de matarlo, aunque termine haciéndolo.
La necropsia de ley practicada al capitán de corbeta, filtrada por los medios, determinó como causa de muerte “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.
La rabdomiólisis, en términos médicos, “es la ruptura de los tejidos musculares que libera una proteína dañina en la sangre”. Pero además cita el exfiscal Zahir Mundaray que, de acuerdo con la necropsia a la que tuvo acceso y que publicó en su cuenta de twitter, “el capitán presentó 16 arcos costales fracturados, 8 de cada lado, las 3 primeras y la última en buen estado, de ambos lados. Fractura de tabique nasal, escoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en el muslo cara interna, ambas extremidades. Lesiones (similares a latigazos) en espalda y muslos parte posterior, un pie fracturado, múltiples escoriaciones y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies (se presume electrocución)”.
Pese a evidencias tan contundentes, ni el delito de tortura, ni el homicidio calificado, ni intencional, fue imputado a los presuntos agresores, quienes además están detenidos en la misma sede de la Dgcim, en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.
El abogado Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, dijo a la prensa que llevarán a instancias internacionales el caso para actuar contra el Estado venezolano, al que señaló de incumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los detenidos.
Y es que justamente al estar el capitán Acosta Arévalo bajo la custodia del Estado venezolano es su responsabilidad velar por su vida.
De hecho, acusar por el delito de tortura acarrea, en este caso, responsabilidad penal del Estado venezolano. Medina Roa condenó que la Fiscalía no incluyera el delito de tortura en las imputaciones a los dos guardias nacionales e indicó que con esa medida se busca “evitar cualquier acción contra el Estado venezolano”.
Sobre el caso del capitán Acosta Arévalo, el Gobierno de Nicolás Maduro afirmó en un comunicado, dado a conocer por el ministro Jorge Rodríguez, que el funcionario estaba imputado por “graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración” y asegura que la investigación que llevó a la detención de los presuntos conspiradores “se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos”.
Paralelamente, pidió una investigación al Ministerio Público y este accionó con las acusaciones de “homicidio preterintencional con causal” que ya se han conocido contra los militares detenidos.
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Heilet Morales | Panorama
