A la joven, que fue sacada de su casa el pasado 2 de febrero por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), le imputaron los delitos de “traición a la patria, rebelión militar y sustracción de objetos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, detalló en su cuenta Twitter la defensora.
Barroso Navas fue enviada a la cárcel militar de Ramo Verde, tras pasar una semana en la sede del Sebin, aunque sus familiares desconocían al principio su paradero, pues cuando se la llevaron de su residencia en San Martín, Caracas, le dijeron que iría sólo a una entrevista.
El Foro Penal, organización no gubernamental defensora de los derechos humanos que lleva el caso, denunció que desde que empezó 2018 hay 30 nuevos presos políticos, 21 de ellos civiles que han sido presentados en tribunales militares.
A finales del mes pasado, la comisión especial creada por la Asamblea Nacional para investigar la muerte de Pérez y seis de sus compañeros en un chalet de El Junquito, Caracas, dio a conocer que tras la operación en la que estas siete personas resultaron abatidas, 30 personas fueron apresadas al relacionarse con el exagente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que se declaró en rebeldía contra el Gobierno de Nicolás Maduro en junio del año 2017.
De ese total de apresados, detallaron que se trataba de 20 civiles y 10 militares, entre quienes incluyeron a familiares directos del expiloto. La detención de Barroso Navas se produjo después de este informe, lo que elevaría a 21 los civiles detenidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
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