Primeramente se refirió al exprocurador General de ese estado, Alejandro Otero, indicando que este individuo utilizó sus facultades como “autoridad”, para llevar a cabo un enriquecimiento “ilícito”, además de estar fuera del país y seguir estando en la nómina de la gobernación hasta octubre de 2017, el Estado venezolano le emitió una “alerta roja” con Interpol.
Detalló además que este exfuncionario no cumplió con sus atribuciones de “cuidar los bienes” de ese estado, pues al llegar el nuevo Gobernador, Héctor Rodríguez, se pudo constatar que “el parque automotor estaba totalmente destruido”.
Muñoz añadió que consignaron unas pruebas ante la Fiscalía General de la República, donde se muestran algunas “irregularidades”, entre ellas, una sobre la Dirección de Comunicaciones, la cual tenía un “jugoso” negocio con la empresa Fito Producciones, empresa del “maletín” que recibía dinero de los recursos de los mirandinos y se pagaban las campañas políticas.
A su juicio esta organización pertenece al partido Primero Justicia (PJ) y se encargaba de “extraer” los recursos de la gobernación, para pagar publicidad.
Agregó que consignaron unas pruebas por medio de un CD, donde se comprueban los programas radiales y la mensajería de texto en torno a campañas políticas financiadas por el ente regional.
Insistió que el “responsable” principal de todas estas irregularidades, es el exgobernador, Henrique Capriles Radonski. Es por esto que solicitaron ante el MP una medida cautelar que prohíbe al dirigente político abandonar el país, además de todas las personas implicadas en el hecho.
Añadió que en la gestión de Diosdado Cabello, como gobernador, se expropiaron algunos hangares en el aeropuerto de Caracas y existía el decreto para crear el aeropuerto Francisco de Miranda en Charallave, sin embargo “en la gestión de Capriles dejaron sin efecto dicha medida, y nunca se le regresó el pago de esos espacios al estado Miranda”.
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Fuente
José Ali Linares
