La medida se formalizó en una resolución conjunta de lo ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comercio Exterior e Inversión Internacional, y Banca y Finanzas.
Entre las personas incluidas figura el presidente panameño, Juan Carlos Valera; la canciller, Isabel de Saint Malo; el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán; la ministra de Gobierno, María Luisa Romero, entre otros.
En el caso de las personas jurídicas figura la Compañía Panameña de Aviación, Vida Panamá, Supercentro Casanova, Casablanca, Novatex, Pan Colombia Travel, entre otros.
El Gobierno venezolano señaló que en numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción han “evidenciado el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dineros y bienes proveniente del delito contra el patrimonio público”.
Ante este escenario, Venezuela asegura que estos delitos han sucedido bajo la opacidad del sistema financiero de Panamá y “con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país”.
Una de las empresas afectadas es la aerolínea Copa, una de las pocas compañías panameñas que estaba operando en el país.
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